sábado, 12 de marzo de 2011
domingo, 6 de marzo de 2011
OPERACIÓN TEQUILA.
Agentes de paisano, siguiendo las indicaciones del juez de Instrucción de la localidad portuense procedieron ayer al arresto del ex edil de Urbanismo durante la etapa de Independientes Portuenses (IP), Juan Carlos Rodríguez; del actual jefe de licencias urbanísticas de El Puerto de Santa María, Fernando Jiménez Fornell; de su compañera sentimental, Milagros Trigo y la socia de ésta en el estudio de arquitectura TEC, Isabel Ruiz. La Policía llevaba consigo un quinto nombre, el de la esposa del ex concejal de Urbanismo, Josefa Lojo. Sin embargo con el paso de las horas se confirmaba que quedaba en calidad de imputada.
La empresa TEC está bajo sospecha desde que el año pasado la Guardia Civil desarrollara la 'operación Tequila'; unas pesquisas que revelaron una supuesta trama de concesión de licencias urbanísticas para edificar en suelos no autorizados. Dicho estudio realizaba muchos de los proyectos de obra que posteriormente obtenían el visto bueno del Consistorio y su nombre inspiró a los agentes para bautizar la operación con el nombre de Tequila.
Los detenidos de ayer también están imputados en ese asunto; de ahí que se barajara a primera hora la hipótesis de que la operación en el Ayuntamiento portuense fuera una prolongación de la que se realizó a principios del año pasado. Sin embargo fuentes de la investigación confirmaron a este medio que si bien existe cierta relación por tratarse de los mismos delitos, se trata de una operación completamente distinta.
Dinero en metálico
De las viviendas de Juan Carlos Rodríguez, Jiménez Fornell e Isabel Ruiz, los agentes se incautaron de documentación personal de los implicados y realizaron copias de los discos duro de los ordenadores personales. Posteriormente, una parte del operativo se trasladó a las oficinas de Urbanismo en el Consistorio, donde tiene su despacho el jefe del servicio de licencias. De allí se llevaron más documentos. La ronda acababa en la tienda de ropa que regenta la esposa del ex edil en la calle Larga, una de las principales vías comerciales de El Puerto. Del comercio, la Policía requisó 2.200 euros y también copió el disco duro del ordenador que encontraron.
La Policía imputa a los cuatro detenidos, que pasaron la noche en los calabozos de la Comisaría de El Puerto, los delitos de prevaricación, falsedad y asociación para delinquir. La única de los cinco implicados que quedó en libertad está considera cómplice de su esposo para obtener un enriquecimiento personal. Esto apunta a que en esta ocasión la investigación ha ido un paso más allá y trata de demostrar el nivel de lucro que pudieron obtener los investigados.
La empresa TEC está bajo sospecha desde que el año pasado la Guardia Civil desarrollara la 'operación Tequila'; unas pesquisas que revelaron una supuesta trama de concesión de licencias urbanísticas para edificar en suelos no autorizados. Dicho estudio realizaba muchos de los proyectos de obra que posteriormente obtenían el visto bueno del Consistorio y su nombre inspiró a los agentes para bautizar la operación con el nombre de Tequila.
Los detenidos de ayer también están imputados en ese asunto; de ahí que se barajara a primera hora la hipótesis de que la operación en el Ayuntamiento portuense fuera una prolongación de la que se realizó a principios del año pasado. Sin embargo fuentes de la investigación confirmaron a este medio que si bien existe cierta relación por tratarse de los mismos delitos, se trata de una operación completamente distinta.
Dinero en metálico
De las viviendas de Juan Carlos Rodríguez, Jiménez Fornell e Isabel Ruiz, los agentes se incautaron de documentación personal de los implicados y realizaron copias de los discos duro de los ordenadores personales. Posteriormente, una parte del operativo se trasladó a las oficinas de Urbanismo en el Consistorio, donde tiene su despacho el jefe del servicio de licencias. De allí se llevaron más documentos. La ronda acababa en la tienda de ropa que regenta la esposa del ex edil en la calle Larga, una de las principales vías comerciales de El Puerto. Del comercio, la Policía requisó 2.200 euros y también copió el disco duro del ordenador que encontraron.
La Policía imputa a los cuatro detenidos, que pasaron la noche en los calabozos de la Comisaría de El Puerto, los delitos de prevaricación, falsedad y asociación para delinquir. La única de los cinco implicados que quedó en libertad está considera cómplice de su esposo para obtener un enriquecimiento personal. Esto apunta a que en esta ocasión la investigación ha ido un paso más allá y trata de demostrar el nivel de lucro que pudieron obtener los investigados.
Carta de apoyo de los compañeros y amigos de los técnicos municipales detenidos por el caso 'Obra Nueva'
tribuna cartas
Ante los últimos acontecimientos que se han producido en el Área de Urbanismo durante estos días, y que afectan a nuestros compañeros Fernando Jiménez Fornell y Milagros Trigo Pacheco, los funcionarios y trabajadores municipales que abajo suscriben, queremos, en muestra de nuestro total apoyo y solidaridad con ellos, manifestar lo siguiente:
En primer lugar, mostramos nuestra repulsa por el tratamiento que se le está dando a nuestros compañeros y a la noticia, ya que estos funcionarios, sin haber sido juzgados, están recibiendo un trato desproporcionado y ajeno absolutamente a las condiciones e imperativos que han de regir en un Estado de Derecho que tanto nos ha costado conseguir, y, qué paradoja, por el que tanto luchó Fernando Jiménez en el régimen franquista. Quién le iba a decir a él.
Los que conocemos bien a Fernando Jiménez Fornell, los compañeros que trabajamos con él, y los que somos amigos, sabemos que, tanto en su vida personal, como profesional, es un hombre honrado y honesto, lo ha demostrado constantemente, es, como diría el poeta “un hombre bueno”, trabajador y desinteresado. Aparte de trabajar, sus dedicaciones son la pintura y la escritura. Los que no lo conocen habrían de abstenerse de opinar y esperar a que la Justicia se pronuncie. Se les está tratando como si ya hubiesen sido sentenciados y declarados culpables, linchados por las masas. Se les falta al respeto, se les veja y se les humilla. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Qué ocurre luego si son inocentes? Cosa que por otra parte, algunos ya sabemos con absoluta certeza. Pues no pasará nada, se les habrá desprestigiado, humillado y arruinado la vida, porque en las televisiones y en la prensa hay que sacar noticias que den auténtico espectáculo.
En definitiva, queremos mostrar y hacer sentir a nuestros compañeros que no están solos, que estamos a su lado tanto compañeros como ciudadanos, que en estos días han llamado a las dependencias municipales y han mostrado su apoyo y disposición a ayudar “en lo que haga falta”. Ningún funcionario o empleado público está libre de denuncias, malos entendidos o incidencias en el desempeño de sus funciones, pero si se comete una falta o delito, lo mínimo, es que antes sea probado. No es éste el caso, hay que dejar actuar a la Justicia. Todos nos merecemos respeto a nuestro derecho.
Aunque esto sea una carrera de fondo, este sinsentido y este “mundo al revés” se aclararán. Esperamos que muy pronto la lucidez y el sentido común se impongan en todo este proceso. En todo caso, no estáis solos, somos muchos los que estamos a vuestro lado.
viernes, 25 de febrero de 2011
La encuesta de la Flave informa de que la policía de barrio no conecta con catorce de veinticuatro asociaciones de vecinos
• Rodríguez: “mis declaraciones están basadas en la falta de conocimiento, sólo trasladamos una queja de los vecinos."
A raíz de las declaraciones realizadas por el concejal de Policía Local, Carlos Montero, el presidente de la FLAVE, José Rodríguez, quiere informar de los resultados de una encuesta realizada a 24 asociaciones de vecinos, en las que una de las preguntas hecha denota que en catorce de las mismas la Policía de Barrio no conecta con los vecinos. En primer lugar admite que la federación realizó una denuncia siempre en base a la información que se ha recogido de las entidades vecinales, sin que se diga “que la Policía no haga bien su trabajo, sino todo lo contrario, pero hay que entender que la Policía de Barrio entra dentro de nos parámetros distintos”, asegurando que sus funciones son bien distintas de las citadas por el edil, que sobre todo anuncia los informes realizados así como los contactos mantenidos.
Por ello no entiende que el concejal de Policía Local asegure que “mis declaraciones están basadas en la falta de conocimiento, sólo trasladamos una queja de los vecinos. Por esa regla de tres, sus declaraciones son triunfalistas, porque cuenta los informes que se han realizado y todo aquello que se hace, pero los datos que ha ofrecido no tienen nada que ver con la queja que nos trasladan los vecinos”, asegura.
A pesar de que 18 de estas entidades vecinales preguntadas dicen conocer la Policía de Barrio, para que las seis restantes puedan obtener conocimientos de la labor que realizan y cuál es la función que llevan a cabo estos agentes, Rodríguez asegura que será la FLAVE la que intente divulgar dicha información.
Por otro lado, la mitad de las asociaciones de vecinos se muestra satisfecha con las actuaciones que lleva a cabo la Policía de Barrio, pero en cambio Los Milagros apunta que debería haber más efectivos; Palmar de la Victoria reconoce que conecta poco con la asociación; Virgen de la Palma anuncia que está en permanente contacto con ésta; para Altos de la Bahía las patrullas son mejorables; Ronda de la Victoria tiene que llamarlos varias veces al mes y Los Frailes destaca que últimamente no aparecen. En cambio el resto de asociaciones informan no estar contentos, y de ellos Pueblo Nuevo y La Gobernaora destacan que se dedican a multar; Angelita Alta, San Marcos, San Jaime y San Ginés no los ven por los barrios; en Barrio Alto se han visto las patrullas ocasionalmente pero responden que se verán próximamente, y Las Dos Palmeras y Fermesa informan de que no la conocen o no contactan con la entidad, respectivamente.
Otra pregunta del cuestionario y que para Rodríguez es bastante curiosa es el hecho de que los agentes avisen al vecino antes de multar por alguna infracción cometida. Ocho responden que sí, por medio de carteles, tres en cambio opinan que no, pero un alto número, trece, opta por la respuesta no sabe, “dejando una duda abierta a que se haga”, responde el presidente de la federación.
La frecuencia de las patrullas por los barrios también interesa a la Flave, por lo que por seis pasan cada día; por dos cada dos días, y en tres, cada tres días. La sensación de que no patrullan habitualmente por el barrio, no se les ve o no tienen presencia significativa es la respuesta de Ronda de Valencia, San Marcos, San Jaime, San Ginés, San Antón, El Picadero, La Andreíta, Costa Oeste, Camino del Tiro Pichón, Angelita Alta, Barrio Alto, Las Dos Palmeras, Las Tres Fases de Fermesa, para Altos de la Bahía es difícil verles pero se sabe que están porque llaman a la asociación vecinal y por último, en Los Frailes hasta diciembre había más presencia, que se ha vuelto menor confirme comenzara el nuevo año.
En cuanto a aquello que las asociaciones creen prioritario que debería hacer la Policía de Barrio se destacan distintas actuaciones, como dar parte de las zonas sin luz; controlar los puntos de droga y comunicarlo a la Policía Nacional; controlar el aparcamiento indebido así como que las bicicletas y las motos circulen por donde deban; acudir a las llamadas de los vecinos; prohibir el juego de pelota y hacer que se cumplan las normas; hacer que disminuya el botellón donde no se puede realizar; hablar con los vecinos para conocer sus necesidades; que patrullen por los barrios periféricos; entre otras cuestiones.
En general son las respuestas ofrecidas a un cuestionario realizado por la FLAVE el pasado 21 de febrero a 24 asociaciones de vecinos: Sudamérica, Ronda de Valencia, Pueblo Nuevo, San Marcos, San Jaime, San Ginés, San Antón, Los Milagros, La Gobernaora, El Picadero, Barrio Obrero, El Juncal, La Andreíta, Costa Oeste, Camino del Tiro Pichón, Angelita Alta, Barrio Alto, Palmar de la Victoria, Las Dos Palmeras, Tres Fases de Fermesa, Virgen de la Palma, Altos de la Bahía, Ronda de la Victoria y Los Frailes. Una representación amplia de toda la ciudad.
domingo, 13 de febrero de 2011
Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla Seguridad Vial
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del E.O.M.F. Ley 24/2007 de 9
de octubre, el art. 547 y ss. de la L.O.P.J y art. 10 del R.D. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio de Policía Judicial, dando cumplimiento a las Instrucciones 3/2006 y 5/2007 de la Fiscalía General del Estado, y con el objeto de coordinar todas las actuaciones en materia de Seguridad Vial, entre todas las Instituciones implicadas y la Fiscalía Delegada, seguidamente se exponen las normas, a las que habrán de ajustarse los atestados que se elaboren por hechos relativos a los delitos contra la seguridad vial.
NOTA DE SERVICIO 1/11
SOBRE EL COMISO POLICIAL DE VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES
La última Reforma del Código Penal, operada por la L.O. 5/2010 de 22 de junio viene a establecer en el nuevo art. 385 bis, que se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128, el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo, (arts. 379 a 385ter del Código Penal), suprimiéndose la referencia al comiso que se hacía en el párrafo 3º del art. 381 C.P. Esta nueva situación impone la necesidad de coordinar las actuaciones policiales y judiciales, y muy especialmente en los primeros momentos de la intervención policial.
Debe recordarse que la incautación de los efectos e instrumentos del delito, al inicio de la investigación, tiene como finalidad evitar que volvieran a ser utilizados para la comisión denuevas infracciones y evitar la pérdida de elementos de prueba.
Para hacer un uso ponderado y racional de esta facultad, es necesario analizar e interpretar sistemáticamente las normas que legitiman esta diligencia policial. En primer lugar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art, 282, impone al agente la obligación de preservar los efectos e instrumentos del delito para ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial: “La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.
Además en el trámite del Procedimiento Abreviado, por el que se sustancian todos los delitos contra la Seguridad Vial, en su art. 770 dice:
La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias:
1.Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir.
2.Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.
3.Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.
4.Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública,en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto,obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.
5.Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico.
6. Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho.
Visto lo anterior queda fuera de toda duda la legitimación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las CC.AA y la Policía Local, para intervenir los vehículos a motor o ciclomotores utilizados para la comisión de un delito contra la Seguridad Vial, en el ejercicio de su función investigadora de
hechos punibles como Policía Judicial genérica del art. 282 de la L.E. Criminal.
No obstante todo lo anterior, es necesario analizar la oportunidad o conveniencia de hacer uso de esa facultad, y la estricta observancia de los requisitos legalmente establecidos para ello.
En primer lugar el art. 127 del C.P. al que se remite el art. 385 bis, impide expresamente que pueda efectuarse el comiso, en este caso el vehículo a motor o ciclomotor, cuando “pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito...” y aún así habrá de moderarse esta medida con las matizaciones del art. 128 C.P., sobre proporción de la medida adoptada en relación a la gravedad de la infracción penal.
No obstante, para evitar fraudes sobre la titularidad de los vehículos, cuando los agentes tengan fundadas sospechas de propiedad ficticia a los meros efectos administrativos, investigarán y a portarán en el atestado todos los indicios que avalen esa discrepancia.
2.- CONCLUSIONES.-
En consecuencia los Sres. Agentes en el ejercicio de sus funciones en la investigación de delitos, y sin perjuicio de futuras matizaciones, atenderán a las siguientes normas:
1.- No intervendrán el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito.
2.-Siendo propietario el infractor, se intervendrá el vehículo en los siguientes casos:
a) cuando esté implicado en un delito de los arts. 380 y 381 del C.P.
b) cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial art. 379 a 385 C.P.) se haya producido resultado de muerte (art. 142 C.P.) o lesiones graves (art. 152 C.P.)
c) cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro del art. 195.3 del C.P.
d) en los delitos del art. 379, 384 y 385 C.P., cuando conste fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad a los hechos objeto de investigación, por delitos contra la seguridad vial, al menos en tres ocasiones en el último año a contar de fecha a fecha.
No puede olvidarse que este “comiso preventivo”, realizado por el agente, debe ratificarse o no por la Autoridad Judicial competente.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de inmovilización del vehículo conforme al art. 84 de la Ley de Tráfico.
En todo caso se hará constar, por diligencia en el atestado, el lugar donde se encuentra depositado el vehículo, y si este reúne o no las condiciones necesarias para su correcta conservación.
Sevilla 11 de Enero 2011.
de octubre, el art. 547 y ss. de la L.O.P.J y art. 10 del R.D. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio de Policía Judicial, dando cumplimiento a las Instrucciones 3/2006 y 5/2007 de la Fiscalía General del Estado, y con el objeto de coordinar todas las actuaciones en materia de Seguridad Vial, entre todas las Instituciones implicadas y la Fiscalía Delegada, seguidamente se exponen las normas, a las que habrán de ajustarse los atestados que se elaboren por hechos relativos a los delitos contra la seguridad vial.
NOTA DE SERVICIO 1/11
SOBRE EL COMISO POLICIAL DE VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES
La última Reforma del Código Penal, operada por la L.O. 5/2010 de 22 de junio viene a establecer en el nuevo art. 385 bis, que se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128, el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo, (arts. 379 a 385ter del Código Penal), suprimiéndose la referencia al comiso que se hacía en el párrafo 3º del art. 381 C.P. Esta nueva situación impone la necesidad de coordinar las actuaciones policiales y judiciales, y muy especialmente en los primeros momentos de la intervención policial.
Debe recordarse que la incautación de los efectos e instrumentos del delito, al inicio de la investigación, tiene como finalidad evitar que volvieran a ser utilizados para la comisión denuevas infracciones y evitar la pérdida de elementos de prueba.
Para hacer un uso ponderado y racional de esta facultad, es necesario analizar e interpretar sistemáticamente las normas que legitiman esta diligencia policial. En primer lugar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art, 282, impone al agente la obligación de preservar los efectos e instrumentos del delito para ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial: “La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.
Además en el trámite del Procedimiento Abreviado, por el que se sustancian todos los delitos contra la Seguridad Vial, en su art. 770 dice:
La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias:
1.Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir.
2.Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.
3.Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.
4.Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública,en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto,obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.
5.Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico.
6. Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho.
Visto lo anterior queda fuera de toda duda la legitimación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las CC.AA y la Policía Local, para intervenir los vehículos a motor o ciclomotores utilizados para la comisión de un delito contra la Seguridad Vial, en el ejercicio de su función investigadora de
hechos punibles como Policía Judicial genérica del art. 282 de la L.E. Criminal.
No obstante todo lo anterior, es necesario analizar la oportunidad o conveniencia de hacer uso de esa facultad, y la estricta observancia de los requisitos legalmente establecidos para ello.
En primer lugar el art. 127 del C.P. al que se remite el art. 385 bis, impide expresamente que pueda efectuarse el comiso, en este caso el vehículo a motor o ciclomotor, cuando “pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito...” y aún así habrá de moderarse esta medida con las matizaciones del art. 128 C.P., sobre proporción de la medida adoptada en relación a la gravedad de la infracción penal.
No obstante, para evitar fraudes sobre la titularidad de los vehículos, cuando los agentes tengan fundadas sospechas de propiedad ficticia a los meros efectos administrativos, investigarán y a portarán en el atestado todos los indicios que avalen esa discrepancia.
2.- CONCLUSIONES.-
En consecuencia los Sres. Agentes en el ejercicio de sus funciones en la investigación de delitos, y sin perjuicio de futuras matizaciones, atenderán a las siguientes normas:
1.- No intervendrán el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito.
2.-Siendo propietario el infractor, se intervendrá el vehículo en los siguientes casos:
a) cuando esté implicado en un delito de los arts. 380 y 381 del C.P.
b) cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial art. 379 a 385 C.P.) se haya producido resultado de muerte (art. 142 C.P.) o lesiones graves (art. 152 C.P.)
c) cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro del art. 195.3 del C.P.
d) en los delitos del art. 379, 384 y 385 C.P., cuando conste fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad a los hechos objeto de investigación, por delitos contra la seguridad vial, al menos en tres ocasiones en el último año a contar de fecha a fecha.
No puede olvidarse que este “comiso preventivo”, realizado por el agente, debe ratificarse o no por la Autoridad Judicial competente.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de inmovilización del vehículo conforme al art. 84 de la Ley de Tráfico.
En todo caso se hará constar, por diligencia en el atestado, el lugar donde se encuentra depositado el vehículo, y si este reúne o no las condiciones necesarias para su correcta conservación.
Sevilla 11 de Enero 2011.
jueves, 27 de enero de 2011
PLAN DE FORMACIÓN 2011 ESPA (ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA)
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se publica el Plan Anual de Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el curso académico 2011.
Entrar en enlances de Interés´, de la consejeria de gobernación de la junta que se encuentra en esta pagina , picar en ESPA, y se encuentra la resolución, como los cursos programados con fecha limite de solicitud hasta 31 de Marzo 2011. Ojo el viernes día 4 de Febrero (viernes) finaliza el plazo para poder entregar en el área de Personal el modelo s-4,1 debidamente cumplimentado con los cursos que te interese.
domingo, 23 de enero de 2011
Ver el video, no tiene desperdicio.
Después de visionar el video, podemos ver la manipulación y la utilización de la policía local para una campaña de imagen política y para intereses partidistas, se observa que estamos cerca de las elecciones.
Parece que son los inventores de la panacea y precursores de la implantación de un sistema novedoso que cambia el modelo policial en el Puerto de Santa María. Que no se engañe, la policía de Barrio o de distrito, lleva muchos años en funcionamiento, no es una cosa de ahora, en esta localidad ya se implanto por sus anteriores sucesores políticos. Si no que tire de hemeroteca, o no nos acordamos de la policía de proximidad o de la policía Comunitaria.
Que quede claro, que estamos siempre a favor de que se reconozca y se felicite la labor de los compañeros, aunque hay que hacerlo extensivo al resto de los compañeros que diariamente realiza un trabajo abnegado y sin interés de protagonismo, ya que sin ellos no podría sostenerse la precaria y deficitaria Jefatura de la Policía Local.
Queda claro que el tiempo quita y da la razón, pues nos alegramos que queden demostradas las reivindicaciones de los agentes sociales, sobre la falta de recursos humanos que revindicábamos, cuestión esta que costo e incluso una concentración en la puerta de este Exmo. Ayuntamiento. Ahora en la Actualidad podemos hablar de Precariedad, ya que los recursos materiales brillan por su ausencia. Como se habla de Medios suficiente, seguridad, coordinación, campaña de navidad y buena gestión, cuando en la actualidad solo hay un vehiculo radiopatrulla funcionando, todo ello gracia a la gestión y buen hacer de nuestros responsables políticos por no renovar el renting y comprar los vehículos que tenían más de cuatro años (verdaderas chatarras). Como también la falta de mantenimiento de lo que hay, como son las motocicletas. Pero se esta viviendo situaciones dantesca como agentes de policía se prestan los cascos de las motocicletas para montar el servicio en la mismas para poder o paliar esa falta de radiopatrullas con las motocicletas que quedan. Todo esto se ha denunciado por escrito y públicamente y lo único que se ha tenido por respuestas son exabruptos e insultos como la negación de la realidad creando cortinas de humos.
Sr. Alcalde usted confía en el aspecto humano de los 19 agentes de policía de Barrio, nos parece bien, pero no se olvide usted que es el máximo responsable y jefe de la Jefatura de Policía Local y bajo su mando hay todavía 130 agentes , que realizan un buen servicio y que siguen las directrices y pautas marcadas por ustedes.
Sr. Alcalde le agradecemos que no hable y se calle (que esta mejor), no hable de que hay presión del colectivo a dos agentes. Sr. Carlos Montero cuando apuntille o quiera rematar las manifestaciones del Sr. Alcalde, sepa usted que los agentes de policía local siempre han cumplido con sus obligaciones, como que antes había libertinaje y ahora no gracias a las denuncias de los agentes dedicado a la unidad de policía de Barrio, consideramos injusto y cruel los comentarios realizados por usted, esto no es mas que el fiel reflejo de su incapacidad y fracaso como gestor de esta institución policial , porque los agentes cumple y siguen las pautas marcadas por usted. Pero no nos extraña ya por su gran currículo al frente de esta institución.
El coche 'ponemultas' empieza a recorrer las calles de Cádiz
* Ya rueda el coche delator. La nueva amenaza tecnológica contra los conductores que aparquen mal recorre las calles de Cádiz. El coche 'ponemultas', que lleva incorporada una cámara en el techo y graba las infracciones para procesarlas inmediatamente a través de un sistema informático incorporado en el salpicadero, realizó ayer sus primeras rondas de prueba.
Durante la mañana, los trayectos sirvieron para realizar los últimos ajustes técnicos. La actividad sancionadora no comenzará hasta la próxima semana.
El lunes, según fuentes policiales, está previsto que entre en funcionamiento. Su finalidad es combatir la doble fila, el aparcamiento irregular en zonas de pago, en áreas de carga y descarga o en pasos de cebra y paradas de autobús.
Al grabar las infracciones, apenas deja lugar a un posible recurso y, sobre todo, permite multar a un número de conductores mucho mayor, ya que el área de rastreo que se puede alcanzar es más grande que la que se puede abarcar con el sistema tradicional y en un periodo de tiempo mucho menor.
Este coche, responsabilidad de la Mancomunidad de Municipios de la Bahía de Cádiz y controlado por la Policía Local de cada localidad en la que actúe reforzará las tareas de vigilancia contra las infracciones en cinco de las siete ciudades de la comarca: Cádiz, Jerez, Chiclana, El Puerto y San Fernando. Rota y Puerto Real han descartado su uso por las pequeñas dimensiones de su término municipal y los altos costes de la operación.
Las pruebas de ayer pusieron fin a cinco meses de preparación, en los que los técnicos, entre otras cosas, han tenido que culminar programación del mapa de la capital incorporado en el vehículo, así como el ajuste de las cámaras de grabación que lleva en el techo.
Durante las últimas ocho semanas, una decena de funcionarios han recibido un curso de formación para aprender a controlar el sistema instalado en el automóvil, modelo Hyundai. Cuando el coche empiece a multar, la semana que viene, un agente de la Policía Local acompañará al técnico autorizado en cada recorrido, ya que es necesaria la presencia de un agente para hacer oficiales las infracciones.
El Sindicato de la Policía Local (SPL) se opone a este nuevo sistema, ya que la utilización de un agente como acompañante obligatorio supondrá que un buen número de funcionarios deje de desempeñar otras funciones que realizan en la actualidad. Como crítica añadida, el portavoz del SPL, Francisco Rama, ha advertido que este nuevo dispositivo tecnológico supondrá al Ayuntamiento de Cádiz el gasto de más de 14.000 euros al año, que se tendrá que destinar a la persona que conduce dicho vehículo. Curiosamente, el representante del sindicato con mayor representación en la plantilla coincide con una crítica previsible entre los consumidores al afirmar que este nuevo sistema «tiene fines recaudatorios».
sábado, 22 de enero de 2011
martes, 11 de enero de 2011
ACLARACIÓN DE LA ACTUAL FLOTA MOVIL QUE NO TENEMOS.
Queremos aclarar a todos los afiliados como simpatizantes, que este sindicato, realizo un escrito que se dirigió a la Teniente de Alcalde de Recursos Humanos, denunciando la situación tan lamentable de la actual flota que dispone la Policía Local ( perdón ya no hay vehículos), este escrito se realizo en octubre del 2009, e incluso lo denunciamos públicamente, esto trascendió más tarde y fue denunciado por otra sección sindical el 29 de Junio de 2010, en la que tuvo respuesta por nuestro máximo responsable por medio de un comunicado de prensa.
Este responsable menos admitir la falta de medios que se tenia en esos momentos y poner en marcha todos los mecanismos para poder paliar esto, lo único que se dedica es dé menospreciar y dedicarse a soltar exabruptos en contra de los sindicatos y de las personas que los representa. Lo único que se pretende es de desviar la atención y crear cortinas de humo, negando la realidad del problema de recurso que tiene la Policía Local ya que supone un decremento en el eficaz servicio que esta Policía Local y sus miembros, que pretenden dar a los ciudadanos de El Puerto de Santa María, así como una mala imagen para el Cuerpo de la Policía .Y lo más importante se pone en riesgo las vidas de los Agentes que prestan servicio en los mencionados vehículos que quedan, así como la de los ciudadanos que circulan por las calles y vías de este municipio. Y no es mentira ya que unos agentes sufrieron un accidente cuando se dirigía a un requerimiento urgente, se salio de la calzada pegando un buen trompazo, y todo por la falta de mantenimiento (los neumáticos no estaban en condiciones).
Seguimos leyendo en los medios escritos la cantidad de tonterías de nuestro máximo responsable, mezclando cuestiones como son los acuerdos de los días de descanso en navidad con la falta de medios y los que hay son unas verdaderas chatarras.
Todo esto es más una muestra de la incompetencia de gestión y de organización y de planificación de nuestro máximo responsable político de la Jefatura de Policía Local.
Este responsable menos admitir la falta de medios que se tenia en esos momentos y poner en marcha todos los mecanismos para poder paliar esto, lo único que se dedica es dé menospreciar y dedicarse a soltar exabruptos en contra de los sindicatos y de las personas que los representa. Lo único que se pretende es de desviar la atención y crear cortinas de humo, negando la realidad del problema de recurso que tiene la Policía Local ya que supone un decremento en el eficaz servicio que esta Policía Local y sus miembros, que pretenden dar a los ciudadanos de El Puerto de Santa María, así como una mala imagen para el Cuerpo de la Policía .Y lo más importante se pone en riesgo las vidas de los Agentes que prestan servicio en los mencionados vehículos que quedan, así como la de los ciudadanos que circulan por las calles y vías de este municipio. Y no es mentira ya que unos agentes sufrieron un accidente cuando se dirigía a un requerimiento urgente, se salio de la calzada pegando un buen trompazo, y todo por la falta de mantenimiento (los neumáticos no estaban en condiciones).
Seguimos leyendo en los medios escritos la cantidad de tonterías de nuestro máximo responsable, mezclando cuestiones como son los acuerdos de los días de descanso en navidad con la falta de medios y los que hay son unas verdaderas chatarras.
Todo esto es más una muestra de la incompetencia de gestión y de organización y de planificación de nuestro máximo responsable político de la Jefatura de Policía Local.
IP denuncia la carencia de vehículos en la Policía Local
El edil reconoce que hay operativos "pocos patrulleros" aunque apunta que en este mes se contará con seis vehículos nuevos
Independientes Portuenses (IP) ha denunciado el escaso número de vehículos del que dispone la Policía Local lo que, a su juicio, supone una importante merma en la labor que realiza. La formación recuerda que los sindicatos llevan más de un año denunciando esta situación que "lejos de haber sido solventadas, han obtenido como única respuesta del equipo de Gobierno la de tratar de descalificarlos y de evidenciarlos publicando mentiras y medias verdades en la prensa". Desde IP se asegura que ha habido agentes que han tenido que utilizar sus vehículos particulares para prestar este servicio.
Esta carencia, según este partido, ha provocado que "cuando se llama al 092 pidiendo ayuda se les informa que no pueden ser atendidos por falta de coches patrulla y, a continuación, se les da indicaciones para que llamen a otros cuerpos de seguridad como a la Guardia Civil o a la Policía Nacional".
Tras estas acusaciones, el concejal de Policía Local, Carlos Montero, elaboró un comunicado donde le reprocha a IP que trate de "alarmar y confundir a la opinión pública". Sobre las llamadas desviadas por parte de la Policía Local, el edil apuntó que "como norma general, cuando un cuerpo tiene los vehículos o efectivos ocupados en otro servicio se deriva el requerimiento a otro cuerpo para que lo atienda".
Mientras tanto, en lo que se refiere a la carencia de vehículos, el edil reconoció que son "pocos" los operativos ("una realidad que el equipo de gobierno nunca ha negado", agregó) aunque aseguró que "se está trabajando al cien por cien con la flota de motos y el resto de vehículos de la Policía". No obstante, adelantó que a lo largo de este mes se podrán a disposición de los agentes seis nuevos vehículos (cinco patrulleros y un todoterreno) que se han arrendado tras un concurso público realizado a finales del año pasado.
Finalmente, IP ha exigido que se celebre, con carácter urgente, una reunión de la Junta Local de Seguridad "para que desde este órgano de coordinación operativa se aporten las soluciones necesarias" para lo que considera un problema de "inseguridad" que hay en la ciudad.
Ante esta afirmación, Montero negó que haya esta situación asegurando que hay una "perfecta coordinación" entre la Policía Local y las fuerzas de seguridad del Estado existentes en la ciudad y negó que haya inseguridad.
Independientes Portuenses (IP) ha denunciado el escaso número de vehículos del que dispone la Policía Local lo que, a su juicio, supone una importante merma en la labor que realiza. La formación recuerda que los sindicatos llevan más de un año denunciando esta situación que "lejos de haber sido solventadas, han obtenido como única respuesta del equipo de Gobierno la de tratar de descalificarlos y de evidenciarlos publicando mentiras y medias verdades en la prensa". Desde IP se asegura que ha habido agentes que han tenido que utilizar sus vehículos particulares para prestar este servicio.
Esta carencia, según este partido, ha provocado que "cuando se llama al 092 pidiendo ayuda se les informa que no pueden ser atendidos por falta de coches patrulla y, a continuación, se les da indicaciones para que llamen a otros cuerpos de seguridad como a la Guardia Civil o a la Policía Nacional".
Tras estas acusaciones, el concejal de Policía Local, Carlos Montero, elaboró un comunicado donde le reprocha a IP que trate de "alarmar y confundir a la opinión pública". Sobre las llamadas desviadas por parte de la Policía Local, el edil apuntó que "como norma general, cuando un cuerpo tiene los vehículos o efectivos ocupados en otro servicio se deriva el requerimiento a otro cuerpo para que lo atienda".
Mientras tanto, en lo que se refiere a la carencia de vehículos, el edil reconoció que son "pocos" los operativos ("una realidad que el equipo de gobierno nunca ha negado", agregó) aunque aseguró que "se está trabajando al cien por cien con la flota de motos y el resto de vehículos de la Policía". No obstante, adelantó que a lo largo de este mes se podrán a disposición de los agentes seis nuevos vehículos (cinco patrulleros y un todoterreno) que se han arrendado tras un concurso público realizado a finales del año pasado.
Finalmente, IP ha exigido que se celebre, con carácter urgente, una reunión de la Junta Local de Seguridad "para que desde este órgano de coordinación operativa se aporten las soluciones necesarias" para lo que considera un problema de "inseguridad" que hay en la ciudad.
Ante esta afirmación, Montero negó que haya esta situación asegurando que hay una "perfecta coordinación" entre la Policía Local y las fuerzas de seguridad del Estado existentes en la ciudad y negó que haya inseguridad.
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