jueves, 4 de octubre de 2012

EL GOBIERNO LOCAL FIJA LAS NUEVAS CONDICIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL.


El Gobierno local dará cuenta en el Pleno municipal que se celebrará esta mañana del decreto por el que se modifican las condiciones laborales del personal municipal en base a las directrices establecidas por la administración central el pasado mes de julio y que ha modificado el Estatuto Básico del Empleado Público. Entre las medidas incluidas se encuentra la ampliación de la jornada laboral (que en invierno pasará a 37,5 horas semanales) y la reducción de algunas ayudas, además de la supresión de la paga de Navidad de este año. En el documento, suscrito por la concejala de Personal, Leocadia Benavente, se apunta que no se ha alcanzado un acuerdo con los representantes sindicales por lo que se procede a modificar mediante decreto tanto el convenio colectivo del personal laboral como los acuerdos de las condiciones de trabajo de los funcionarios.
Para empezar, se cambian los horarios. En horario de invierno, deberán trabajar 37,5 horas con entrada a las 7.30, 7.45 o 8 horas (en función del departamento) y salida a 15, 15.15 o 15.30 horas, respectivamente. Antes había uno unificado de ocho a 15 horas. Mientras, el periodo de horario de verano estará vigente entre el 16 de junio y el 15 de septiembre (hasta ahora estaba entre el 15 de abril y el 31 de octubre). 
También, y en base al decreto estatal, se modifican las vacaciones ya que se fija que podrán disfrutar de 22 días laborales. Hasta ahora, el Estatuto del Empleado Público fijaba la posibilidad de disfrutar 31 días naturales o 23 días laborales, a los que se les podía adicionar jornadas en función de la antigüedad del trabajador.
También se reducen los días de permisos retribuidos por casamiento o inscripción como pareja de hecho al pasar de 17  a 15. También se eliminan las jornadas por traslado de domicilio (estaba fijado en tres días) y se reducen notablemente las licencias por asuntos propios (de ocho se pasa a tres). 
El decreto firmado por la concejala de Personal incluye que antes de final de año habrá cambios en el complemento de productividad del personal laboral, una remuneración extra por "el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés e iniciativa con que se desempeñe el trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo", según se describe en el convenio de los laborales. Así, se apunta que antes de final de año se elaborará un decreto de Alcaldía donde se establecerá la cuantía a abonar por este concepto para "equipararlo con el personal funcionario".
Asimismo, se reducen a la mitad las becas para los hijos de los empleados municipales, unas ayudas que oscilarán entre los 45 a 90 euros en función del nivel de estudios. Y, además, la periodicidad de las subvenciones médico-sanitarias (ortodoncia, prótesis dentales u ortopédicas, gafas de graduación y lentillas) pasará a tener una periodicidad de uno a dos años. 
El decreto de la concejala de Personal tiene fecha del pasado viernes. 

domingo, 30 de septiembre de 2012

MANIFESTACIÓN EN CÁDIZ FRENTE AL PARADOR ATLÁNTICO DONDE SE CELEBRO UN CONGRESO PROVINCIAL DEL PP.




Este vídeo es bajado de noticias Cádiz la Voz Digital, pronto colgare los vídeos de Sevilla , quiero recordar a todos los afiliados que se avecina un otoño caliente, y de que la plataforma esta realizando concentraciones y manifestaciones, nos vemos obligados todos  a participar.  Para algunos de nosotros (muy pocos), continúan las movilizaciones emprendidas contra los recortes, el robo de la paga extra de navidad y la pérdida de derechos consolidados.
Para otros, resulta más cómodo no participar, poniendo la excusa de que "Eso no vale para
nada"
¿Y TÚ QUE VAS A HACER?

SUMARTE A ELLAS
O
QUEDARTE EN CASA SENTADO.

lunes, 24 de septiembre de 2012

Cuerpos de Seguridad, militares, prisiones, justicia y bomberos se manifestarán el día 29 en Sevilla contra los recortes



SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
   Los sindicatos de los cuerpos de seguridad, militares, cuerpos de instituciones penitenciarias, justicia y bomberos de Andalucía han convocado una "gran" manifestación para el próximo día 29 de septiembre en la capital hispalense para protestar contra los recortes a los funcionarios.
   En declaraciones a los periodistas tras entregar la solicitud para la manifestación en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con sede en Sevilla, el portavoz de la denominada Plataforma de Seguridad Pública, Santiago Raposo, ha explicado que la manifestación partirá a las 12,00 horas del día 29 de septiembre desde el Palacio de San Telmo.
   "Los compañeros de Justicia están sufriendo los recortes de la Junta de Andalucía, por esto partimos desde allí", ha subrayado Raposo, que no obstante ha querido dejar claro que "son todos los políticos los que nos han robado a los funcionarios, sin distinción de partido, porque unos por acción y otros por omisión son partícipes de la situación en la que nos encontramos hoy en día".
   Al hilo de ello, ha precisado que la manifestación discurrirá posteriormente por la calle San Fernando y Glorieta del Cid hasta llegar frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
   El objetivo, según Santiago Raposo, "es traer a bastantes compañeros de todas las capitales de Andalucía", criticando que "a los compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) los han vuelto a silenciar", motivo por el que, en el cartel con la convocatoria de la manifestación, "tenemos que sacar una fotografías de ellos con pasamontañas".
   Así, ha querido denunciar "el acoso al que están siendo sometidos los compañeros de la Guardia Civil, con continuos expedientes simplemente por protestar en contra de los recortes".

domingo, 9 de septiembre de 2012

FRANCISCO J. BASTIDA. CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL .


Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son
presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar
responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente
proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas
que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el
punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más
de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se
aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
ratificada su decisión.                                              
        

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su
status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y
de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la
garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento;

 una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece
constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la
capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la
idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los
casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos
funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se
apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero
esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de
derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos
cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades
y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se
encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que
ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser
representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y
a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia
él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han
surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y
de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación
entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para
acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del
complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la
intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios,
influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la
composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo
una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el
fallo en los controles para atajarla.


Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales,
son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten
contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la
crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que
se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los
que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más
sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su
dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni


                                                                
ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los
llamados «moscosos» o días de libre disposición que nacieron en parte como un
complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la
Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de
esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y
desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar
que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia
para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus
generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás
tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y
capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha
corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o,
simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.


 Francisco J. Bastida.
Catedrático de Derecho Constitucional.

Universidad de Oviedo.

domingo, 26 de agosto de 2012

Toni Cantó, Diputado UPyD Se vuelve loco y dice verdades

"Los Presupuestos son una falacia basada en la venta de Apemsa"


Los socialistas presentan sus alegaciones a las cuentas, que van a pleno este martes y que "cargan contra los más débiles, las contratas y el personal del Ayuntamiento"
DELEGACIÓN / EL PUERTO | ACTUALIZADO 26.08.2012 - 01:00


El PSOE ha presentado en el Registro Municipal sus alegaciones al Presupuesto General del Ayuntamiento, cuya aprobación definitiva se llevará a pleno extraordinario este martes próximo. El escrito recoge hasta 16 alegaciones propuestas por militantes socialistas, coordinados por el concejal David de la Encina. Las alegaciones ponen en evidencia "la cantidad de incumplimientos del Gobierno de PP y PA en los presupuestos para la ciudad". Junto con cada alegación, el PSOE presenta propuestas alternativas "para gobernar El Puerto desde políticas progresistas". 
 Según David de la Encina, los socialistas ya manifestaron en el Pleno de presentación del Presupuesto su rechazo a estas cuentas, que calificaron como "impresentables", es decir "no son dignas de ser presentadas ante la sociedad". Ahora, en las alegaciones, el PSOE fundamenta su oposición en varios aspectos que "ponen de manifiesto que las cuentas que PP y PA imponen a la sociedad portuense no son, ni mucho menos, las que la ciudad necesita para progresar". 
 De entrada, el PSOE alega que el Presupuesto "nace del incumplimiento de la legalidad que cometen por sexto año Enrique Moresco y su socio andalucista, Ruiz Aguilar, puesto que en lugar de dar a conocer las cuentas con tiempo para comenzar a aplicarlas a comienzo del año, el gobierno de PP y PA las presenta nueve meses más tarde de cuando la Ley obliga, sin que quepa margen de maniobra". 
 Además, a criterio del PSOE "se incumple la promesa del PP de hacer presupuestos participativos. Que pregunten a cuántos colectivos sociales se ha dado participación para elaborar estas cuentas". 
 Por otro lado, el PSOE alega que "PP y PA no han sido respetuosos con la mínima decencia informativa, a los grupos de la Corporación no se nos concedió ni 72 horas para estudiar la documentación; y lo más grave, en la web oficial del Ayuntamiento se anunciaba un día antes del Pleno que los presupuestos ya estaban aprobados, lo cual constituye una prueba de lo poco que la mayoría absoluta de PP y PA respeta la democracia, que reside en el Pleno de la Corporación".
 En cuanto a los números, el PSOE critica que "están montados sobre una falacia de obtener unos ingresos de 108 millones de euros, a todas luces inalcanzables, puesto que el año pasado apenas se recaudaron 80; frente a unos gastos seguros que superarán con creces los 100 millones y que nos van a llevar a acumular más deuda, que tendremos que pagar todos los contribuyentes". Añade David de la Encina que "lo más preocupante es que si todos los años las cuentas aparecen con un superávit inicial y acaban en déficit. Nos debemos temer cómo acabaremos este año donde, ni siquiera se han atrevido a presentar superávit inicial". 
 Además, critica que "para soportar la tremenda carga de gastos de este Gobierno, todo el presupuesto está basado en obtener millonarios ingresos por la privatización de Apemsa, lo cual constituye otra temeridad frente a la que nos opondremos, porque se puede dilapidar el patrimonio de todos los portuenses, que es la empresa pública municipal". 
 La batería de alegaciones también denuncia que "las cuentas de PP y PA cargan contra los más débiles, como los inquilinos de las viviendas sociales a quienes se les subirá la renta un 67%; contra las plantillas de las concesionarias que verán peligrar sus puestos de trabajo; o contra los funcionarios y personal laboral del Ayuntamiento que verán recortados sus derechos, frente al único incremento que se prevé en el capítulo de Gastos de Personal, que paradójica mente va en la partida de sueldos de concejales del equipo de gobierno, que roza los 600.000 euros". 
 Además, en la línea de recortes sociales, "eliminan las ayudas a Participación, Cultura, Turismo, y en un 50% las ayudas al Deporte, Comercio y Fomento del Empleo". 
 Por último, las alegaciones coordinadas por David de la Encina inciden en dos cuestiones "sintomáticas de la gestión de PP y PA: por un lado, se reducen las inversiones reales en la ciudad, esto es, el presupuesto destinado a obras, infraestructuras y plan de barrios. Y sin embargo, se destinan millones a la concejalía de Comunicación, para publicidad y marketing".