El sindicato independiente de Policía Local UPLBA-Chiclana denunció ayer que el Ayuntamiento chiclanero "no está abonando en la cuenta asociada al mismo las cuotas sindicales que se han descontado de las nóminas de sus afiliados desde el mes de diciembre hasta la fecha, una cuantía que supera los 750 euros". Asimismo, el sindicato, a través de su asesoría jurídica, señaló que "el Consistorio podría estar cometiendo una posible apropiación indebida, al no ingresar un dinero que es descontado cada mes a los policías afiliados y que va dirigido para garantizar el pago de su cuota sindical". "Estas cuotas", añadió, "se retiene a los miembros de la plantilla municipal de conformidad con la Ley Orgánica 11/1985, de 2 de agosto, de Libertad Sindical, como derecho individual del empleado municipal, mediante petición de conformidad expresada por escrito y dirigido al alcalde para atender económicamente la gestión de representación del sindicato, por lo que no se trata de ningún dinero público, sino dinero que se descuenta a los trabajadores afiliados al sindicato y que la única gestión del Ayuntamiento es transferirlo a la cuenta del sindicato". Asimismo, aclaró que, "por parte del sindicato se han mantenido conversaciones durante estos cuatro meses en el seno de la administración con diferentes responsables e incluso se ha presentado escrito dirigido al alcalde que no ha sido contestado y nadie ha dado una explicación coherente al respecto, ya que durante todo este tiempo todo ha sido evasivas y sólo ha sido ahora cuando han asociando el problema a un fallo informático". "Por ello", prosiguió, "desde el sindicato se sospechan que se este llevando a cabo de forma premeditada e intencionada, ya que le han sido solicitada, hasta en cuatro ocasiones, el certificado con el número de cuenta bancario". "Tal problema", aseguró, "provoca dificultades a la hora de poder afrontar los gastos mensuales fijos que tiene el sindicato, tales como; abogado, seguros y otros servicios, que son en la actualidad sufragados por la caridad de otros sindicatos hermanos". Por último el sindicato UPLBA-Chiclana señaló, que "si en un plazo razonable no se transfiere el abono de la cuota sindical de sus afiliados que ya ha sido descontadas de sus nóminas, no descartamos emprender acciones judiciales al respecto".
domingo, 10 de abril de 2011
miércoles, 6 de abril de 2011
Convulsión en las bases por la lista conformada por Enrique Moresco .
Pedro Payán El Partido Popular presentará mañana su candidatura de cara a las elecciones municipales del 22 de mayo con un objetivo, obtener mayoría absoluta. El acto será a las 20.00 horas en la bodega San José. Todo indica que la sorpresa estará presente en la lista definitiva que presentará Enrique Moresco. La primera de ellas sería la incorporación en el segundo puesto de Leocadia Benavente quien sustituye a Patricia Ybarra en esta posición y, siempre visto desde la óptica de política, relegada de los puestos de decisión. Otro punto candente será ver si finalmente Alfonso Candón, presidente del PP, ocupa la tercera posición, lo cual indica que el peso de las bases de la formación política no influye mucho en la confección de la candidatura.Lo que apuntan desde diversas fuentes del partido es que iría en los cinco primeros lugares una persona nueva. Pero quizá el mayor revuelo en las bases de la formación, según ha podido saber este medio, sería la salida de Carlos Montero, actual concejal de Policía Local, de la lista del PP. De igual manera, seguirían los pasos de Montero, Blanca Merino y Hortensia Aguilar. Sin embargo el actual delegado de Comunicación, Raúl Capdevila, tomaría peso, al ser ascendido en los primeros diez puestos. Millán Alegre, Mariola Tocino y Francisco Aguilar formarán parte de la lista que desvelará mañana Enrique Moresco. La lista la cerraría Aurelio Sánchez, presidente honorífico del partido.
domingo, 13 de marzo de 2011
La Flave pedirá que la Ordenanza empiece de cero.
La reunión mantenida por la junta directiva de la Flave esta semana, sirvió para volver a zanjar temas de vital importancia de cara a la gestión que realiza la federación, y entre ellos está la ordenanza de convivencia. El presidente de la Flave, José Rodríguez, ha admitido que el día 16 a las seis de la tarde está convocada una nueva reunión para tratar esta normativa municipal, y a pesar de que el miembro al que se adjudica este tipo de actuaciones, José Luís Cordero, acudirá, ha reconocido que “vamos a estar por lo que se pueda sugerir, pero insistimos en que se debe dejar el documento en un cajón y empezar de cero, sobre todo en el tema social”, pues entiende la Flave que no se ha actuado como se debería ni se ha dado la participación adecuada.
Los representantes vecinales han comunicado que es igual de importante para la federación ir cerrando la firma del manifiesto ciudadano con los partidos políticos. Es por esto por lo que Rodríguez ha manifestado que debido a que la última fecha confirmada para llevar a cabo este trámite con el Partido Popular no se pudo llevar a buen término, será el próximo martes a las 12.30 en la sede del PP, en la calle Palacios, cuando esté previsto este nuevo encuentro, según dejaron claro tanto el presidente del PP, Alfonso Candón, como la concejal Patricia Ybarra a José Rodríguez.
La Flave también ha mostrado su preocupación por el hecho de que “enviáramos el documento con nuestras sugerencias al pliego de condiciones del servicio de autobús urbano a la concejal de Medio Ambiente, Blanca Merino, y no hayamos obtenido respuesta de si se aceptan o no nuestras propuestas, por lo que tenemos que confirmar que el proceso no es tan participativo como se ha dado a entender”. De este modo los representantes vecinales denuncian la falta de participación en este apartado, al igual que lo han realizado anteriormente en lo relativo a la Ordenanza para la Convivencia.
Encuentros
Otras dos cuestiones tratadas en la pasada reunión mantenida entre las asociaciones de vecinos de la ciudad fueron las de elegir finalmente a las 22 y no a las 20, como se anunciara en principio, personas que participarán los días 18 y 19 en unas jornadas convocadas por la CAVA en El Puerto, sobre los parques naturales, siendo la federación de vecinos la anfitriona.
Por otro lado, el presidente de la Flave, José Rodríguez, ha querido comunicar que desde la federación hacen un llamamiento a los ciudadanos a participar de manera activa en un acto a beneficio de los enfermos de encelopatía congénita. Rodríguez ha invitado a todos los portuenses a asistir al partido benéfico que tendrá lugar el día 20 en el estadio José del Cuvillo.
sábado, 12 de marzo de 2011
domingo, 6 de marzo de 2011
OPERACIÓN TEQUILA.
Agentes de paisano, siguiendo las indicaciones del juez de Instrucción de la localidad portuense procedieron ayer al arresto del ex edil de Urbanismo durante la etapa de Independientes Portuenses (IP), Juan Carlos Rodríguez; del actual jefe de licencias urbanísticas de El Puerto de Santa María, Fernando Jiménez Fornell; de su compañera sentimental, Milagros Trigo y la socia de ésta en el estudio de arquitectura TEC, Isabel Ruiz. La Policía llevaba consigo un quinto nombre, el de la esposa del ex concejal de Urbanismo, Josefa Lojo. Sin embargo con el paso de las horas se confirmaba que quedaba en calidad de imputada.
La empresa TEC está bajo sospecha desde que el año pasado la Guardia Civil desarrollara la 'operación Tequila'; unas pesquisas que revelaron una supuesta trama de concesión de licencias urbanísticas para edificar en suelos no autorizados. Dicho estudio realizaba muchos de los proyectos de obra que posteriormente obtenían el visto bueno del Consistorio y su nombre inspiró a los agentes para bautizar la operación con el nombre de Tequila.
Los detenidos de ayer también están imputados en ese asunto; de ahí que se barajara a primera hora la hipótesis de que la operación en el Ayuntamiento portuense fuera una prolongación de la que se realizó a principios del año pasado. Sin embargo fuentes de la investigación confirmaron a este medio que si bien existe cierta relación por tratarse de los mismos delitos, se trata de una operación completamente distinta.
Dinero en metálico
De las viviendas de Juan Carlos Rodríguez, Jiménez Fornell e Isabel Ruiz, los agentes se incautaron de documentación personal de los implicados y realizaron copias de los discos duro de los ordenadores personales. Posteriormente, una parte del operativo se trasladó a las oficinas de Urbanismo en el Consistorio, donde tiene su despacho el jefe del servicio de licencias. De allí se llevaron más documentos. La ronda acababa en la tienda de ropa que regenta la esposa del ex edil en la calle Larga, una de las principales vías comerciales de El Puerto. Del comercio, la Policía requisó 2.200 euros y también copió el disco duro del ordenador que encontraron.
La Policía imputa a los cuatro detenidos, que pasaron la noche en los calabozos de la Comisaría de El Puerto, los delitos de prevaricación, falsedad y asociación para delinquir. La única de los cinco implicados que quedó en libertad está considera cómplice de su esposo para obtener un enriquecimiento personal. Esto apunta a que en esta ocasión la investigación ha ido un paso más allá y trata de demostrar el nivel de lucro que pudieron obtener los investigados.
La empresa TEC está bajo sospecha desde que el año pasado la Guardia Civil desarrollara la 'operación Tequila'; unas pesquisas que revelaron una supuesta trama de concesión de licencias urbanísticas para edificar en suelos no autorizados. Dicho estudio realizaba muchos de los proyectos de obra que posteriormente obtenían el visto bueno del Consistorio y su nombre inspiró a los agentes para bautizar la operación con el nombre de Tequila.
Los detenidos de ayer también están imputados en ese asunto; de ahí que se barajara a primera hora la hipótesis de que la operación en el Ayuntamiento portuense fuera una prolongación de la que se realizó a principios del año pasado. Sin embargo fuentes de la investigación confirmaron a este medio que si bien existe cierta relación por tratarse de los mismos delitos, se trata de una operación completamente distinta.
Dinero en metálico
De las viviendas de Juan Carlos Rodríguez, Jiménez Fornell e Isabel Ruiz, los agentes se incautaron de documentación personal de los implicados y realizaron copias de los discos duro de los ordenadores personales. Posteriormente, una parte del operativo se trasladó a las oficinas de Urbanismo en el Consistorio, donde tiene su despacho el jefe del servicio de licencias. De allí se llevaron más documentos. La ronda acababa en la tienda de ropa que regenta la esposa del ex edil en la calle Larga, una de las principales vías comerciales de El Puerto. Del comercio, la Policía requisó 2.200 euros y también copió el disco duro del ordenador que encontraron.
La Policía imputa a los cuatro detenidos, que pasaron la noche en los calabozos de la Comisaría de El Puerto, los delitos de prevaricación, falsedad y asociación para delinquir. La única de los cinco implicados que quedó en libertad está considera cómplice de su esposo para obtener un enriquecimiento personal. Esto apunta a que en esta ocasión la investigación ha ido un paso más allá y trata de demostrar el nivel de lucro que pudieron obtener los investigados.
Carta de apoyo de los compañeros y amigos de los técnicos municipales detenidos por el caso 'Obra Nueva'
tribuna cartas
Ante los últimos acontecimientos que se han producido en el Área de Urbanismo durante estos días, y que afectan a nuestros compañeros Fernando Jiménez Fornell y Milagros Trigo Pacheco, los funcionarios y trabajadores municipales que abajo suscriben, queremos, en muestra de nuestro total apoyo y solidaridad con ellos, manifestar lo siguiente:
En primer lugar, mostramos nuestra repulsa por el tratamiento que se le está dando a nuestros compañeros y a la noticia, ya que estos funcionarios, sin haber sido juzgados, están recibiendo un trato desproporcionado y ajeno absolutamente a las condiciones e imperativos que han de regir en un Estado de Derecho que tanto nos ha costado conseguir, y, qué paradoja, por el que tanto luchó Fernando Jiménez en el régimen franquista. Quién le iba a decir a él.
Los que conocemos bien a Fernando Jiménez Fornell, los compañeros que trabajamos con él, y los que somos amigos, sabemos que, tanto en su vida personal, como profesional, es un hombre honrado y honesto, lo ha demostrado constantemente, es, como diría el poeta “un hombre bueno”, trabajador y desinteresado. Aparte de trabajar, sus dedicaciones son la pintura y la escritura. Los que no lo conocen habrían de abstenerse de opinar y esperar a que la Justicia se pronuncie. Se les está tratando como si ya hubiesen sido sentenciados y declarados culpables, linchados por las masas. Se les falta al respeto, se les veja y se les humilla. ¿Dónde queda la presunción de inocencia? ¿Qué ocurre luego si son inocentes? Cosa que por otra parte, algunos ya sabemos con absoluta certeza. Pues no pasará nada, se les habrá desprestigiado, humillado y arruinado la vida, porque en las televisiones y en la prensa hay que sacar noticias que den auténtico espectáculo.
En definitiva, queremos mostrar y hacer sentir a nuestros compañeros que no están solos, que estamos a su lado tanto compañeros como ciudadanos, que en estos días han llamado a las dependencias municipales y han mostrado su apoyo y disposición a ayudar “en lo que haga falta”. Ningún funcionario o empleado público está libre de denuncias, malos entendidos o incidencias en el desempeño de sus funciones, pero si se comete una falta o delito, lo mínimo, es que antes sea probado. No es éste el caso, hay que dejar actuar a la Justicia. Todos nos merecemos respeto a nuestro derecho.
Aunque esto sea una carrera de fondo, este sinsentido y este “mundo al revés” se aclararán. Esperamos que muy pronto la lucidez y el sentido común se impongan en todo este proceso. En todo caso, no estáis solos, somos muchos los que estamos a vuestro lado.
viernes, 25 de febrero de 2011
La encuesta de la Flave informa de que la policía de barrio no conecta con catorce de veinticuatro asociaciones de vecinos
• Rodríguez: “mis declaraciones están basadas en la falta de conocimiento, sólo trasladamos una queja de los vecinos."
A raíz de las declaraciones realizadas por el concejal de Policía Local, Carlos Montero, el presidente de la FLAVE, José Rodríguez, quiere informar de los resultados de una encuesta realizada a 24 asociaciones de vecinos, en las que una de las preguntas hecha denota que en catorce de las mismas la Policía de Barrio no conecta con los vecinos. En primer lugar admite que la federación realizó una denuncia siempre en base a la información que se ha recogido de las entidades vecinales, sin que se diga “que la Policía no haga bien su trabajo, sino todo lo contrario, pero hay que entender que la Policía de Barrio entra dentro de nos parámetros distintos”, asegurando que sus funciones son bien distintas de las citadas por el edil, que sobre todo anuncia los informes realizados así como los contactos mantenidos.
Por ello no entiende que el concejal de Policía Local asegure que “mis declaraciones están basadas en la falta de conocimiento, sólo trasladamos una queja de los vecinos. Por esa regla de tres, sus declaraciones son triunfalistas, porque cuenta los informes que se han realizado y todo aquello que se hace, pero los datos que ha ofrecido no tienen nada que ver con la queja que nos trasladan los vecinos”, asegura.
A pesar de que 18 de estas entidades vecinales preguntadas dicen conocer la Policía de Barrio, para que las seis restantes puedan obtener conocimientos de la labor que realizan y cuál es la función que llevan a cabo estos agentes, Rodríguez asegura que será la FLAVE la que intente divulgar dicha información.
Por otro lado, la mitad de las asociaciones de vecinos se muestra satisfecha con las actuaciones que lleva a cabo la Policía de Barrio, pero en cambio Los Milagros apunta que debería haber más efectivos; Palmar de la Victoria reconoce que conecta poco con la asociación; Virgen de la Palma anuncia que está en permanente contacto con ésta; para Altos de la Bahía las patrullas son mejorables; Ronda de la Victoria tiene que llamarlos varias veces al mes y Los Frailes destaca que últimamente no aparecen. En cambio el resto de asociaciones informan no estar contentos, y de ellos Pueblo Nuevo y La Gobernaora destacan que se dedican a multar; Angelita Alta, San Marcos, San Jaime y San Ginés no los ven por los barrios; en Barrio Alto se han visto las patrullas ocasionalmente pero responden que se verán próximamente, y Las Dos Palmeras y Fermesa informan de que no la conocen o no contactan con la entidad, respectivamente.
Otra pregunta del cuestionario y que para Rodríguez es bastante curiosa es el hecho de que los agentes avisen al vecino antes de multar por alguna infracción cometida. Ocho responden que sí, por medio de carteles, tres en cambio opinan que no, pero un alto número, trece, opta por la respuesta no sabe, “dejando una duda abierta a que se haga”, responde el presidente de la federación.
La frecuencia de las patrullas por los barrios también interesa a la Flave, por lo que por seis pasan cada día; por dos cada dos días, y en tres, cada tres días. La sensación de que no patrullan habitualmente por el barrio, no se les ve o no tienen presencia significativa es la respuesta de Ronda de Valencia, San Marcos, San Jaime, San Ginés, San Antón, El Picadero, La Andreíta, Costa Oeste, Camino del Tiro Pichón, Angelita Alta, Barrio Alto, Las Dos Palmeras, Las Tres Fases de Fermesa, para Altos de la Bahía es difícil verles pero se sabe que están porque llaman a la asociación vecinal y por último, en Los Frailes hasta diciembre había más presencia, que se ha vuelto menor confirme comenzara el nuevo año.
En cuanto a aquello que las asociaciones creen prioritario que debería hacer la Policía de Barrio se destacan distintas actuaciones, como dar parte de las zonas sin luz; controlar los puntos de droga y comunicarlo a la Policía Nacional; controlar el aparcamiento indebido así como que las bicicletas y las motos circulen por donde deban; acudir a las llamadas de los vecinos; prohibir el juego de pelota y hacer que se cumplan las normas; hacer que disminuya el botellón donde no se puede realizar; hablar con los vecinos para conocer sus necesidades; que patrullen por los barrios periféricos; entre otras cuestiones.
En general son las respuestas ofrecidas a un cuestionario realizado por la FLAVE el pasado 21 de febrero a 24 asociaciones de vecinos: Sudamérica, Ronda de Valencia, Pueblo Nuevo, San Marcos, San Jaime, San Ginés, San Antón, Los Milagros, La Gobernaora, El Picadero, Barrio Obrero, El Juncal, La Andreíta, Costa Oeste, Camino del Tiro Pichón, Angelita Alta, Barrio Alto, Palmar de la Victoria, Las Dos Palmeras, Tres Fases de Fermesa, Virgen de la Palma, Altos de la Bahía, Ronda de la Victoria y Los Frailes. Una representación amplia de toda la ciudad.
domingo, 13 de febrero de 2011
Fiscalía Superior de Andalucía, Ceuta y Melilla Seguridad Vial
De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 del E.O.M.F. Ley 24/2007 de 9
de octubre, el art. 547 y ss. de la L.O.P.J y art. 10 del R.D. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio de Policía Judicial, dando cumplimiento a las Instrucciones 3/2006 y 5/2007 de la Fiscalía General del Estado, y con el objeto de coordinar todas las actuaciones en materia de Seguridad Vial, entre todas las Instituciones implicadas y la Fiscalía Delegada, seguidamente se exponen las normas, a las que habrán de ajustarse los atestados que se elaboren por hechos relativos a los delitos contra la seguridad vial.
NOTA DE SERVICIO 1/11
SOBRE EL COMISO POLICIAL DE VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES
La última Reforma del Código Penal, operada por la L.O. 5/2010 de 22 de junio viene a establecer en el nuevo art. 385 bis, que se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128, el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo, (arts. 379 a 385ter del Código Penal), suprimiéndose la referencia al comiso que se hacía en el párrafo 3º del art. 381 C.P. Esta nueva situación impone la necesidad de coordinar las actuaciones policiales y judiciales, y muy especialmente en los primeros momentos de la intervención policial.
Debe recordarse que la incautación de los efectos e instrumentos del delito, al inicio de la investigación, tiene como finalidad evitar que volvieran a ser utilizados para la comisión denuevas infracciones y evitar la pérdida de elementos de prueba.
Para hacer un uso ponderado y racional de esta facultad, es necesario analizar e interpretar sistemáticamente las normas que legitiman esta diligencia policial. En primer lugar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art, 282, impone al agente la obligación de preservar los efectos e instrumentos del delito para ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial: “La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.
Además en el trámite del Procedimiento Abreviado, por el que se sustancian todos los delitos contra la Seguridad Vial, en su art. 770 dice:
La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias:
1.Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir.
2.Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.
3.Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.
4.Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública,en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto,obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.
5.Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico.
6. Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho.
Visto lo anterior queda fuera de toda duda la legitimación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las CC.AA y la Policía Local, para intervenir los vehículos a motor o ciclomotores utilizados para la comisión de un delito contra la Seguridad Vial, en el ejercicio de su función investigadora de
hechos punibles como Policía Judicial genérica del art. 282 de la L.E. Criminal.
No obstante todo lo anterior, es necesario analizar la oportunidad o conveniencia de hacer uso de esa facultad, y la estricta observancia de los requisitos legalmente establecidos para ello.
En primer lugar el art. 127 del C.P. al que se remite el art. 385 bis, impide expresamente que pueda efectuarse el comiso, en este caso el vehículo a motor o ciclomotor, cuando “pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito...” y aún así habrá de moderarse esta medida con las matizaciones del art. 128 C.P., sobre proporción de la medida adoptada en relación a la gravedad de la infracción penal.
No obstante, para evitar fraudes sobre la titularidad de los vehículos, cuando los agentes tengan fundadas sospechas de propiedad ficticia a los meros efectos administrativos, investigarán y a portarán en el atestado todos los indicios que avalen esa discrepancia.
2.- CONCLUSIONES.-
En consecuencia los Sres. Agentes en el ejercicio de sus funciones en la investigación de delitos, y sin perjuicio de futuras matizaciones, atenderán a las siguientes normas:
1.- No intervendrán el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito.
2.-Siendo propietario el infractor, se intervendrá el vehículo en los siguientes casos:
a) cuando esté implicado en un delito de los arts. 380 y 381 del C.P.
b) cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial art. 379 a 385 C.P.) se haya producido resultado de muerte (art. 142 C.P.) o lesiones graves (art. 152 C.P.)
c) cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro del art. 195.3 del C.P.
d) en los delitos del art. 379, 384 y 385 C.P., cuando conste fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad a los hechos objeto de investigación, por delitos contra la seguridad vial, al menos en tres ocasiones en el último año a contar de fecha a fecha.
No puede olvidarse que este “comiso preventivo”, realizado por el agente, debe ratificarse o no por la Autoridad Judicial competente.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de inmovilización del vehículo conforme al art. 84 de la Ley de Tráfico.
En todo caso se hará constar, por diligencia en el atestado, el lugar donde se encuentra depositado el vehículo, y si este reúne o no las condiciones necesarias para su correcta conservación.
Sevilla 11 de Enero 2011.
de octubre, el art. 547 y ss. de la L.O.P.J y art. 10 del R.D. Real Decreto 769/1987, de 19 de junio de Policía Judicial, dando cumplimiento a las Instrucciones 3/2006 y 5/2007 de la Fiscalía General del Estado, y con el objeto de coordinar todas las actuaciones en materia de Seguridad Vial, entre todas las Instituciones implicadas y la Fiscalía Delegada, seguidamente se exponen las normas, a las que habrán de ajustarse los atestados que se elaboren por hechos relativos a los delitos contra la seguridad vial.
NOTA DE SERVICIO 1/11
SOBRE EL COMISO POLICIAL DE VEHÍCULOS A MOTOR Y CICLOMOTORES
La última Reforma del Código Penal, operada por la L.O. 5/2010 de 22 de junio viene a establecer en el nuevo art. 385 bis, que se considera instrumento del delito a los efectos de los artículos 127 y 128, el vehículo a motor o ciclomotor utilizado en los hechos previstos en este Capítulo, (arts. 379 a 385ter del Código Penal), suprimiéndose la referencia al comiso que se hacía en el párrafo 3º del art. 381 C.P. Esta nueva situación impone la necesidad de coordinar las actuaciones policiales y judiciales, y muy especialmente en los primeros momentos de la intervención policial.
Debe recordarse que la incautación de los efectos e instrumentos del delito, al inicio de la investigación, tiene como finalidad evitar que volvieran a ser utilizados para la comisión denuevas infracciones y evitar la pérdida de elementos de prueba.
Para hacer un uso ponderado y racional de esta facultad, es necesario analizar e interpretar sistemáticamente las normas que legitiman esta diligencia policial. En primer lugar la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su art, 282, impone al agente la obligación de preservar los efectos e instrumentos del delito para ponerlos a disposición de la Autoridad Judicial: “La Policía judicial tiene por objeto y será obligación de todos los que la componen, averiguar los delitos públicos que se cometieren en su territorio o demarcación; practicar, según sus atribuciones, las diligencias necesarias para comprobarlos y descubrir a los delincuentes, y recoger todos los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, poniéndolos a disposición de la Autoridad Judicial.
Además en el trámite del Procedimiento Abreviado, por el que se sustancian todos los delitos contra la Seguridad Vial, en su art. 770 dice:
La Policía Judicial acudirá de inmediato al lugar de los hechos y realizará las siguientes diligencias:
1.Requerirá la presencia de cualquier facultativo o personal sanitario que fuere habido para prestar, si fuere necesario, los oportunos auxilios al ofendido. El requerido, aunque sólo lo fuera verbalmente, que no atienda sin justa causa el requerimiento será sancionado con una multa de 500 a 5.000 euros, sin perjuicio de la responsabilidad criminal en que hubiera podido incurrir.
2.Acompañará al acta de constancia fotografías o cualquier otro soporte magnético o de reproducción de la imagen, cuando sea pertinente para el esclarecimiento del hecho punible y exista riesgo de desaparición de sus fuentes de prueba.
3.Recogerá y custodiará en todo caso los efectos, instrumentos o pruebas del delito de cuya desaparición hubiere peligro, para ponerlos a disposición de la autoridad judicial.
4.Si se hubiere producido la muerte de alguna persona y el cadáver se hallare en la vía pública,en la vía férrea o en otro lugar de tránsito, lo trasladará al lugar próximo que resulte más idóneo dentro de las circunstancias, restableciendo el servicio interrumpido y dando cuenta de inmediato a la autoridad judicial. En las situaciones excepcionales en que haya de adoptarse tal medida de urgencia, se reseñará previamente la posición del interfecto,obteniéndose fotografías y señalando sobre el lugar la situación exacta que ocupaba.
5.Tomará los datos personales y dirección de las personas que se encuentren en el lugar en que se cometió el hecho, así como cualquier otro dato que ayude a su identificación y localización, tales como lugar habitual de trabajo, números de teléfono fijo o móvil, número de fax o dirección de correo electrónico.
6. Intervendrá, de resultar procedente, el vehículo y retendrá el permiso de circulación del mismo y el permiso de conducir de la persona a la que se impute el hecho.
Visto lo anterior queda fuera de toda duda la legitimación de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, las CC.AA y la Policía Local, para intervenir los vehículos a motor o ciclomotores utilizados para la comisión de un delito contra la Seguridad Vial, en el ejercicio de su función investigadora de
hechos punibles como Policía Judicial genérica del art. 282 de la L.E. Criminal.
No obstante todo lo anterior, es necesario analizar la oportunidad o conveniencia de hacer uso de esa facultad, y la estricta observancia de los requisitos legalmente establecidos para ello.
En primer lugar el art. 127 del C.P. al que se remite el art. 385 bis, impide expresamente que pueda efectuarse el comiso, en este caso el vehículo a motor o ciclomotor, cuando “pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito...” y aún así habrá de moderarse esta medida con las matizaciones del art. 128 C.P., sobre proporción de la medida adoptada en relación a la gravedad de la infracción penal.
No obstante, para evitar fraudes sobre la titularidad de los vehículos, cuando los agentes tengan fundadas sospechas de propiedad ficticia a los meros efectos administrativos, investigarán y a portarán en el atestado todos los indicios que avalen esa discrepancia.
2.- CONCLUSIONES.-
En consecuencia los Sres. Agentes en el ejercicio de sus funciones en la investigación de delitos, y sin perjuicio de futuras matizaciones, atenderán a las siguientes normas:
1.- No intervendrán el vehículo para ponerlo a disposición judicial cuando pertenezcan a un tercero de buena fe no responsable del delito.
2.-Siendo propietario el infractor, se intervendrá el vehículo en los siguientes casos:
a) cuando esté implicado en un delito de los arts. 380 y 381 del C.P.
b) cuando como consecuencia de un delito contra la seguridad vial art. 379 a 385 C.P.) se haya producido resultado de muerte (art. 142 C.P.) o lesiones graves (art. 152 C.P.)
c) cuando se trate de un delito de omisión del deber de socorro del art. 195.3 del C.P.
d) en los delitos del art. 379, 384 y 385 C.P., cuando conste fehacientemente que el infractor ha sido condenado con anterioridad a los hechos objeto de investigación, por delitos contra la seguridad vial, al menos en tres ocasiones en el último año a contar de fecha a fecha.
No puede olvidarse que este “comiso preventivo”, realizado por el agente, debe ratificarse o no por la Autoridad Judicial competente.
Todo ello sin perjuicio de la facultad de inmovilización del vehículo conforme al art. 84 de la Ley de Tráfico.
En todo caso se hará constar, por diligencia en el atestado, el lugar donde se encuentra depositado el vehículo, y si este reúne o no las condiciones necesarias para su correcta conservación.
Sevilla 11 de Enero 2011.
jueves, 27 de enero de 2011
PLAN DE FORMACIÓN 2011 ESPA (ESCUELA DE SEGURIDAD PÚBLICA DE ANDALUCÍA)
RESOLUCIÓN de 11 de enero de 2011, de la Dirección General de Interior, Emergencias y Protección Civil, por la que se publica el Plan Anual de Formación de la Escuela de Seguridad Pública de Andalucía (ESPA) para el curso académico 2011.
Entrar en enlances de Interés´, de la consejeria de gobernación de la junta que se encuentra en esta pagina , picar en ESPA, y se encuentra la resolución, como los cursos programados con fecha limite de solicitud hasta 31 de Marzo 2011. Ojo el viernes día 4 de Febrero (viernes) finaliza el plazo para poder entregar en el área de Personal el modelo s-4,1 debidamente cumplimentado con los cursos que te interese.
domingo, 23 de enero de 2011
Ver el video, no tiene desperdicio.
Después de visionar el video, podemos ver la manipulación y la utilización de la policía local para una campaña de imagen política y para intereses partidistas, se observa que estamos cerca de las elecciones.
Parece que son los inventores de la panacea y precursores de la implantación de un sistema novedoso que cambia el modelo policial en el Puerto de Santa María. Que no se engañe, la policía de Barrio o de distrito, lleva muchos años en funcionamiento, no es una cosa de ahora, en esta localidad ya se implanto por sus anteriores sucesores políticos. Si no que tire de hemeroteca, o no nos acordamos de la policía de proximidad o de la policía Comunitaria.
Que quede claro, que estamos siempre a favor de que se reconozca y se felicite la labor de los compañeros, aunque hay que hacerlo extensivo al resto de los compañeros que diariamente realiza un trabajo abnegado y sin interés de protagonismo, ya que sin ellos no podría sostenerse la precaria y deficitaria Jefatura de la Policía Local.
Queda claro que el tiempo quita y da la razón, pues nos alegramos que queden demostradas las reivindicaciones de los agentes sociales, sobre la falta de recursos humanos que revindicábamos, cuestión esta que costo e incluso una concentración en la puerta de este Exmo. Ayuntamiento. Ahora en la Actualidad podemos hablar de Precariedad, ya que los recursos materiales brillan por su ausencia. Como se habla de Medios suficiente, seguridad, coordinación, campaña de navidad y buena gestión, cuando en la actualidad solo hay un vehiculo radiopatrulla funcionando, todo ello gracia a la gestión y buen hacer de nuestros responsables políticos por no renovar el renting y comprar los vehículos que tenían más de cuatro años (verdaderas chatarras). Como también la falta de mantenimiento de lo que hay, como son las motocicletas. Pero se esta viviendo situaciones dantesca como agentes de policía se prestan los cascos de las motocicletas para montar el servicio en la mismas para poder o paliar esa falta de radiopatrullas con las motocicletas que quedan. Todo esto se ha denunciado por escrito y públicamente y lo único que se ha tenido por respuestas son exabruptos e insultos como la negación de la realidad creando cortinas de humos.
Sr. Alcalde usted confía en el aspecto humano de los 19 agentes de policía de Barrio, nos parece bien, pero no se olvide usted que es el máximo responsable y jefe de la Jefatura de Policía Local y bajo su mando hay todavía 130 agentes , que realizan un buen servicio y que siguen las directrices y pautas marcadas por ustedes.
Sr. Alcalde le agradecemos que no hable y se calle (que esta mejor), no hable de que hay presión del colectivo a dos agentes. Sr. Carlos Montero cuando apuntille o quiera rematar las manifestaciones del Sr. Alcalde, sepa usted que los agentes de policía local siempre han cumplido con sus obligaciones, como que antes había libertinaje y ahora no gracias a las denuncias de los agentes dedicado a la unidad de policía de Barrio, consideramos injusto y cruel los comentarios realizados por usted, esto no es mas que el fiel reflejo de su incapacidad y fracaso como gestor de esta institución policial , porque los agentes cumple y siguen las pautas marcadas por usted. Pero no nos extraña ya por su gran currículo al frente de esta institución.
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