NOTAS DE PRENSA.

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El coche que llevó al iceberg.

La exención al edil de Cultura de no abonar la tasa de la grúa ha destapado una práctica habitual e ilegal en el depósito municipal, pero aún quedan incógnitas por resolver.

Eran las tres y 16 minutos del pasado 29 de julio. A las redacciones de los medios de comunicación locales llegaba un correo electrónico de Izquierda Unida con un comunicado donde la formación instaba al Gobierno local a que aclarase si el concejal de Cultura y Fiestas, Millán Alegre, había retirado su vehículo del depósito municipal sin abonar la correspondiente tasa municipal. Horas después, y a preguntas de este periódico, el gabinete de prensa del Gobierno local confirmaba los hechos aunque lo justificaba diciendo que un policía, tras escuchar las "explicaciones" que le dio el edil, había autorizado la salida del vehículo del depósito.

Estas fuentes municipales añadían, además, que había un informe que corroboraba la legalidad de la medida. Pero el Gobierno local tardó cinco días en hacerlo público. Pero, cuando trascendió su contenido, se comenzó a vislumbrar que lo ocurrido con Millán Alegre no era más que la punta del iceberg. En el informe, el intendente de la Policía Local (el segundo en la escala de mandos de la Jefatura), Rafael Muñoz Leonisio, señalaba que era una práctica habitual, y legal, ya que se aplicaba a ediles de la Corporación cuando estaban en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, lo que no se incluía en la documentación que la Concejalía de Policía Local remitió a este diario es que entre los exentos de la tasa no estaban únicamente los concejales sino que también había una serie de ciudadanos sin vinculación con la actividad política municipal. Esto lo apuntó el alcalde, Enrique Moresco, al día siguiente de hacerse público el informe y el pasado viernes lo confirmó el segundo jefe de la Policía Local, quien añadió que entre los exonerados había policías y otros funcionarios municipales así como sus familiares y allegados. De hecho, Enrique Moresco tiene en su mesa un listado detallado de las personas que sacaron su vehículo del depósito sin pagar la correspondiente tasa de la grúa. Este medio ha solicitado acceder a su contenido pero no ha obtenido respuesta.

No obstante, aún queda mucho por conocer de esta práctica habitual, y de dudosa legalidad, para conocer realmente las dimensiones del 'iceberg' de irregularidades que se podrían haber cometido en el depósito municipal desde hace décadas. Estas son las principales claves que aún quedan por conocer.

Desde el Gobierno local no se ha aclarado el número de personas ni el motivo por el que estas personas se habrían beneficiado de esta discrecional dispensa. El pasado viernes, Rafael Muñoz Leonisio señaló que eran "bastantes" aunque se negó a dar un número aludiendo a que ya había presentado un informe a Alcaldía donde las detallaba. También restaría por conocer si, además de Millán Alegre, habría concejales de esta o de anteriores corporaciones a los que también se les aplicó la exención. Al respecto, el alcalde de la ciudad aseguró que "ninguno" de los miembros de sus dos gobiernos habían disfrutado de este privilegio. Asimismo resta conocer por qué a algunos se les exoneró de una normativa municipal que es bastante clara y estricta a la hora de hacer excepciones.

"Desde que gobernaban los comunistas". Esta es la respuesta que dio el intendente de la Policía Local cuando este periódico le preguntó desde cuando se aplicaba la dispensa, aunque, acto seguido, evitó dar demasiados detalles sobre quien lo autorizaba diciendo que alguna que otra vez llamaba "el alcalde de turno" y ordenaba que se dejara libre el coche a una determinada persona. A raíz de la polémica por lo ocurrido con Millán Alegre, el concejal de Policía Local anunció que a partir de ahora cualquier vehículo que salga del depósito sin abonar la tasa tendrá que contar previamente con la autorización por escrito suya.

Tanto el alcalde como el concejal de Policía Local aseguraron que lo supieron cuando se lo comunicó en su informe el segundo jefe de la Policía Local. En esta misma línea Carlos Montero comentó ayer que en los cuatro años que ha estado al frente del Área no se devolvió ningún vehículo que no hubiera pagado previamente la tasa. Por su parte, el intendente de la Jefatura explicó que la única que él autorizó fue la de Alegre y lo hizo sin "oscurantismo" ya que elaboró un informe para justificar la decisión. Eso sí, advirtió que estas prácticas son "difíciles" de detectar y controlar ya que pueden ser adoptadas motu proprio por un policía y en el cuerpo, a juicio de Muñoz Leonisio, hay "mucho corporativismo" que puede soslayar este tipo de prácticas. El alcalde anunció en días pasados que pedirá explicaciones por lo ocurrido. Pero las dudas siguen sin resolverse: ¿Quiénes promovieron o autorizaron estas prácticas?. Y ¿se tomarán las medidas disciplinarias correspondientes?

El segundo responsable técnico del cuerpo municipal señala que "desde hace unos años" se aplica un procedimiento para la entrega de los vehículos del depósito mediante unas actas. Pero, ¿cómo se controla este registro?. ¿En él se incluyen todos los vehículos que recoge la grúa?. ¿Se comparan los datos de recogida de vehículos con los que salen del depósito abonando la tasa municipal?. Y ¿hay un listado de los vehículos que han sido exentos de la tasa de la grúa?. Teniendo en cuenta lo apuntado por los responsables políticos y técnicos, habría un desfase entre los coches que entraban y los que salían abonando el tributo. Así, ¿quién tomaba la decisión de devolverlos y en base a que si la ordenanza municipal sólo permite la exención en caso de robo?.

El vehículo de Millán Alegre fue retirado por la grúa municipal por entorpecer el giro de un autobús cuando se encontraba en una reunión en el edificio San Luis. Esto ocurrió el 14 de junio, aunque ese mismo día pudo retirarlo tras una orden verbal dada por Muñoz Leonisio. ¿Cómo tuvo constancia el responsable policial de lo ocurrido?. El edil aseguró en su momento que fue el policía quien "se interesó" por lo ocurrido mientras que Muñoz Leonisio declina hablar de ello. Pero ¿quién llamó a Muñoz Leonisio para que se aplicara la habitual dispensa? Y, ¿por qué a él?.

Moresco presenta unos presupuestos más austeros

"En el depósito se han devuelto coches a policías y a sindicalistas"

El segundo jefe de la Policía Local confirma que la exención del pago de la tasa de la grúa no sólo se aplicó a concejales y reitera que era una práctica "de siempre"

El intendente de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, confirmó ayer a Diario de Cádiz lo que el alcalde, Enrique Moresco, había apuntado el pasado jueves. Así, entre los beneficiados de la exención del pago de la tasa de la retirada de vehículos no habría únicamente miembros de las corporaciones municipales sino también otros ciudadanos no vinculados a la política.

Eso sí, responsabilizó, sin dar nombres, a algunos subordinados de haber permitido la salida del depósito de los vehículos que eran propiedad de "policías" o de familiares o amigos sin abonar el correspondiente tributo. Incluso llegó a decir que algunos "sindicalistas" del Ayuntamiento se han beneficiado de este privilegio. No obstante, no quiso dar el número de personas que se podrían haber librado del pago aunque dijo que han sido "bastantes". En este sentido, reiteró que le entregó al alcalde un listado con los propietarios que recogieron su coche sin pasar por caja. Este medio volvió a solicitar ayer a Alcaldía y a la Concejalía de Policía Local que facilitase dicha lista sin obtener respuesta.

El segundo responsable de la Policía Local no entró a valorar la legalidad de lo que él denominó "práctica habitual" aunque aseguró que esta la han realizado "todos los partidos políticos desde que gobernaron los comunistas en 1979". Pero sí justificó que el concejal de Cultura y Fiestas, Millán Alegre, pudiera recuperar su vehículo sin abonar la citada tasa ya que, tal y como apuntó en un informe, estaba de servicio. "Lo hice aquella vez y lo volvería a hacer si demuestra que estaba en su puesto de trabajo porque eso es legal y hay una ley que lo ampara", apuntó. En su informe, Muñoz Leonisio se basó en un artículo de la Ley de Haciendas Locales que regula las tasas municipales y donde hace una interpretación personal, y más que discutible, de su aplicación para exonerar del abono del servicio de la grúa municipal.

Asimismo, el intendente de la Policía Local eludió tener responsabilidad en otras dispensas realizadas en el depósito municipal y aseguró que la de Alegre es la única que ha autorizado. "Lo hice siguiendo un procedimiento y haciendo un informe, no a escondidas", advirtió. Sin embargo, el alto mando policial declinó explicar cómo tuvo conocimiento de que el vehículo propiedad del edil había sido retirado por la grúa ya que él fue quien dio la orden de que se permitiera llevárselo de las instalaciones municipales.

Lo sucedido con Millán Alegre ha provocado que haya trascendido una grave falta de control o, al menos, una actitud discrecional e irregular de los agentes responsables de estas dependencias al permitir el impago de la tasa a algunos infractores. Al respecto, Muñoz Leonisio señaló que es "complicado" controlar a un agente que decide por su cuenta permitir la salida de un coche y aludió al "corporativismo" existente en el cuerpo que, a su juicio, facilita ocultar este tipo de prácticas. Finalmente apuntó que ahora se aplica un procedimiento que hace que todos los vehículos que se llevan al depósito queden registrados.

El pasado jueves, y tras trascender estas prácticas en el depósito municipal, el alcalde aseguró que pedirá "explicaciones". Mientras IU ha exigido que se haga una investigación y se depuren responsabilidades tanto políticas como técnicas.

La exención del pago de la tasa de la grúa no se aplicaba solamente a los concejales

El alcalde apunta que el intendente de la Policía le informó que ha habido "ciudadanos no relacionados con la política" que también se beneficiaron de la dispensa · Anuncia ahora que se pedirán "explicaciones"

La "práctica habitual" de no pagar la tasa de la grúa cuando un vehículo era llevado al depósito municipal por infringir una norma de tráfico no se aplicaba solamente a autoridades municipales sino que también hubo algunos ciudadanos no vinculados con la política que disfrutaron de este privilegio. Este sorprendente hecho fue apuntado por el alcalde, Enrique Moresco, en la mañana de ayer dando así a conocer un detalle más de una "costumbre" que se producía en estas dependencias policiales y cuya legalidad es más que cuestionable. Esta afirmación la hizo el primer edil refiriéndose a unas explicaciones que en su momento le dio el intendente jefe de la Policía Local, Rafael Muñoz Leonisio, cuando analizaron lo ocurrido con el edil de Cultura, Millán Alegre, quien retiró su vehículo de estas instalaciones sin abonar la correspondiente tasa.

Fue el miércoles cuando trascendieron los motivos por los que el responsable de Cultura fue exonerado de este tributo. Así, en un informe firmado por el segundo jefe de la Policía Local se apuntaba que era "costumbre" que los ediles no la pagaran cuando estaban de servicio. En el caso de Alegre, le fue retirado su turismo mientras se encontraba el pasado 14 de junio en una "reunión urgente" en el edificio San Luis.

Al ser preguntado si conocía esta "práctica habitual", el alcalde aseguró que "ningún" miembro de su equipo de Gobierno se ha beneficiado de esta dispensa. Acto seguido hizo una afirmación donde advertía que, supuestamente, no sólo se habrían podido beneficiar de esta práctica algunos ediles en anteriores mandatos. Así dijo: "El segundo jefe de la Policía me presentó en su informe una relación de casos en los que algunos policías, con ciudadanos que no eran políticos, habían procedido a la devolución de los vehículos". No obstante, este listado no fue aportado cuando se hizo público el pasado miércoles el informe de Muñoz Leonisio.

Tras esto, apuntó que se va a proceder a "pedir explicaciones" sobre estas dispensas, una decisión que se anuncia casi una semana después de que trascendiera lo ocurrido con Millán Alegre. Según las declaraciones realizadas ayer por el primer edil, Muñoz Leonisio le comunicó esta irregularidad en el momento que le entregó el informe sobre la retirada del vehículo de Millán Alegre y que data del pasado 5 de julio. Asimismo, Moresco aseguró que ha solicitado al edil de Policía Local, Carlos Coronado, que investigue la relación de nombres dada por el alto mando policial.

Además, el primer edil volvió a eludir cualquier responsabilidad en la exención que se le aplicó a Millán Alegre el pasado mes de junio asegurando que esto no se había producido previamente con "ningún" concejal de este equipo de Gobierno. "La devolución del vehículo no fue a instancia del concejal sino a iniciativa de este jefe de la policía [Muñoz Leonisio] argumentando una serie de artículos legales", subrayó. Momentos después agregó: "Al no haber sido pedido por el concejal y estando este siempre dispuesto a pagar la multa, lo que ha paralizado todo es el informe de este técnico diciendo que legalmente se podía proceder a la devolución ".

El pasado miércoles, el concejal de Policía Local, Carlos Coronado, anunció que ha dado instrucciones para que se aplique a rajatabla la normativa municipal que regula el servicio de retirada de vehículos y que se deje sin validez la "costumbre" a la que hacía referencia Muñoz Leonisio. Asimismo apuntó que sólo podrán llevarse su coche aquellos propietarios que justifiquen que este le ha sido robado. Además, la salida deberá estar autorizada por escrito por el responsable de este Área. Hasta ahora, si un edil, estando en horario de trabajo, aparcaba su vehículo infringiendo alguna normativa de tráfico y lo retiraba la grúa, podía llevárselo del depósito sin abonar la tasa en base a una interpretación personal, y más que discutible, del segundo jefe de la Policía de un artículo de la Ley de Haciendas Locales.

Pepa Conde insiste en pedir la dimisión de Millán Alegre

04/08 • 21:09 • Información

Los ediles de IU mantienen que ante el suceso acontecido con el vehículo de Millán Alegre el alcalde debe depurar responsabilidades y el edil debería presentar su dimisión. Así lo aseguró ayer la edil Pepa Conde quien ha afirmado que Millán Alegre al afirmar que pagará voluntariamente la tasa a la grúa está reconociendo que “incumplió claramente la ordenanza municipal que el mismo aprobó”. Por tanto, la edil de Izquierda Unida considera que “ahora de nada sirve que trate de pagarla, puesto que actuó a sabiendas de que incumplía la normativa municipal”.

Además, Conde mantiene que “ha existido presión política para la retirada de la multa y no abonar la tasa”.

En cuanto al informe policial los ediles de IU sostienen que contiene varios “errores de bulto” como, por ejemplo que “se realizó el día 5 de julio”, es decir, 22 días después de la retirada del vehículo. Además, Conde considera que “de no ser por la denuncia de UGT e Izquierda Unida, probablemente nunca se hubiera realizado nunca”. Además IU ha denunciado que ésta es una práctica habitual.

Coronado anuncia una reestructuración de la Policía

El Concejal Delegado de Policía Local y Protección Civil, Carlos Coronado, ha comparecido para explicar que la retirada del vehículo del depósito municipal de un Concejal de Cultura en virtud de un informe en el que se eximía a este concejal del pago de las tasas de multa de la grúa municipal por encontrarse en un acto oficial. Decisión que se toma desde Jefatura antes de que Coronado llegara a la Concejalía de Policía Local y Protección Civil.

Con respecto a este tema el responsable municipal, ha incidido en que “he dado órden expresa para que ningún coche que sea retirado por la grúa municipal con una sanción o multa, salga del depósito municipal sin pagar la tasa correspondiente, excepto los que permita la ley, independientemente de la persona dueña del vehículo”.

El edil ha señalado que “me parece acertada la actitud del concejal que desde un principio ha querido abonar la tasa, es lo correcto y es lo que hay que hacer”.

Reestructuración

Además, el edil de Policía Local ha mostrado su interés por apostar por la especialización de los grupos y la mejora de los servicios al ciudadano ya que en palabras del Coronado “no podemos olvidar que la Policía Local es la cara del Ayuntamiento de El Puerto para los portuenses y para los foráneos por lo que dentro de la reorganización planteada vamos a incidir durante la legislatura en la reestructuración física del organigrama de la Jefatura y también en el procedimiento en la forma de actuar, e incluso en la formación”.

Para conseguir estos objetivos, Coronado pondrá en marcha cursos de conducción, defensa personal, control de grandes masas y de habilidades sociales.

En otro orden de cosas, Coronado ha anunciado que “existe una denuncia por la desaparición de una niña, interpuesta por sus padres del 31 de julio, de 13 años, morena, de 1.60 de estatura, de complexión normal y llamada Angie Corona Padilla “. No obstante el edil ha incidido “vamos a hacer lo que esté en nuestras manos para solucionar el tema, de hecho las patrullas de Policía Local ya poseen las fotos de la chica” para trabajar en el asunto Nacional.

VALORACIÓN DE UPLB-Andalucía COMO INTEGRANTE DE COP SOBRE LA COCENTRACIÓN CELEBRADA EN MADRID EXIGIENDO EL ADELANTO DE LA EDAD DE JUBILACIÓN.

Madrid, 28 de junio de 2011.
Dentro del calendario previsto por las centrales sindicales, se ha celebrado una concentración de Delegados de los Cuerpos de Policías Autonómicas y Locales para exigir al Gobierno el anticipo de la edad de jubilación de los citados Cuerpos Policiales.
Ésta concentración, se enmarca dentro de las actuaciones previstas, siendo una acción previa a las grandes movilizaciones que se preparan para los próximos meses de septiembre y octubre.
Esto supone el mayor grado de coordinación del movimiento sindical de los últimos años, y permite a los sindicatos CC.OO, UGT, CSI-F, COP y CSL, que representan al 90% del colectivo policial afrontar con garantías las protestas y movilizaciones previstas.
La manifestación celebrada en Madrid, frente al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha reunido a más de 150 delegados y delegadas de Policía de todas las Comunidades Autónomas, lo que anima a CC.OO, UGT, CSI-F, COP y CSL seguir con la lucha.
Los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO, UGT, la Confederación de Seguridad Local (CSL) y la Coordinadora de Policía (COP) han pedido que les apliquen los mismos criterios que se han utilizado para adelantar la edad de jubilación a los agentes de la Ertzaintza, que disfrutan desde 2009 del estatus legal de 'profesión de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e
insalubre'.
El lema de la concentración expresa la reivindicación de las organizaciones sindicales pertenecientes a la plataforma para el anticipo de la edad de jubilación de los Cuerpos de Policías Autonómicas y Locales: “Policía Local y Autonómica movilizada y el lucha por el anticipo de la edad de jubilación”.
El acto reivindicativo concluyó con aplausos de los asistentes tras la lectura de un Manifiesto que posteriormente fue entregado en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El próximo encuentro estatal de los sindicatos CC.OO, UGT, CSI-F, COP y CSL, tendrá lugar la próxima semana en Madrid, con el objetivo de analizar la concentración y perfilar las nuevas vías de protesta y reclamo para los próximos meses a nivel estatal, del que se espera sea un nuevo cuatrimestre de ascenso social de la protesta.

INFORMACIÓN SOBRE LA JUBILACIÓN ANTICIPADA.

El pasado día 22, se celebró una nueva reunión de la "Plataforma por el Anticipo de la Edad de Jubilación de las Policías Locales y Autonómicas", compuesta como sabéis por COP (de la que formamos parte UPLB-A), CSL, UGT, CCOO Y CSIF para concertar las actuaciones a desarrollar en la CONCENTRACIÓN de delegados sindicales en Madrid el próximo 28 de Junio, para expresar una vez más nuestra reivindicación por "EL DERECHO A NUESTRA JUBILACIÓN ANTICIPADA".

En esta ocasión, solamente iremos una mínima representación por cada Organización que integramos la plataforma (dado el elevado coste que nos supondría) y en la parte que nos corresponde a UPLB-A, acudiremos los miembros de la Comisión Permanente. Para que el Gobierno tenga presente y no caiga en el saco del olvido nuestra reivindicación, que como sabéis data de hace ya varios años.

Todo apunta a que probablemente en el otoño, tengamos que hacer de nuevo una Gran Manifestación para seguir dando la lata y conseguir sin más dilación nuestro objetivo y poner punto y final a la discriminación que sufrimos con respecto a otros cuerpos de seguridad que ya disfrutan de la jubilación anticipada.
Manifiesto que se entrego en la manifestación realizadas por representantes de la comisión sobre la Jubilación anticipada.

Asunto:

Regulación e implantación de coeficientes reductores en la edad de jubilación de los miembros de los Cuerpos de Policías Locales y Autonómicas (Mossos d’esquadra, Policía Foral de Navarra y Cuerpo General de la Policía Canaria).

La modificación de la Ley 40/2007, 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social, tras la aprobación de la enmienda nº 2.865, de los Grupos Parlamentario Socialista y Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), al añadir un nuevo apartado Diez a la disposición final tercera del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, Ley 26/2009, de 23 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2010. BOE Núm. 309 Jueves 24 de diciembre de 2009, trajo como consecuencia la aplicación de coeficientes reductores para el Cuerpo de la Ertzaintza
La precitada modificación legislativa, justa y muy necesaria, admitía, como no podía ser de otra manera, el reconocimiento de la profesión de policía como colectivo especialmente vulnerable y necesitado de ajustar su vida laboral a la situación real, situación específicamente amparada la Ley General de la Seguridad Social al hablar, en su artículo 161. 1bis, “profesión de naturaleza especialmente penosa, tóxica, peligrosa e insalubre” en la que se registren “elevados índices de morbilidad o mortalidad”.
Lo curioso de lo anterior, es que los argumentos esgrimidos para legislar el anticipo de la edad de jubilación mediante coeficientes reductores para el Cuerpo de la Policía Vasca, no sean de aplicación, en la misma medida, para el resto de los colectivos policiales, Policías Locales y Autonómicas que, desde entonces deben soportar la desigualdad y la discriminación realizada.

En este punto, debemos recordar lo dispuesto en la disposición adicional sexta. jubilación de los funcionarios de la ley 7/2007, de 12 de abril, del estatuto básico del empleado público (BOE N. 89 DE 13/4/2007): ....... (sic) asegurar la no discriminación entre colectivos con características similares y la conveniencia de ampliar la posibilidad de acceder a la jubilación anticipada de determinados colectivos.


Que la profesión policial, sea cual sea su dependencia orgánica es una profesión de riesgo, es una cuestión que ya nadie discute, la legislación, los estudios médicos realizados, nuestra experiencia profesional y la propia lógica avalan, en definitiva, la necesidad de adelantar la edad de jubilación de los policías.

La existencia de la jubilación anticipada en otros Cuerpos de Seguridad también apunta en esa dirección, así tanto el Cuerpo Nacional de Policía (a partir del 1 de Enero 2011, se incluyen en el Régimen General de la Seguridad Social), como la Guardia Civil disfrutan de la aplicación de la medida, aunque en condiciones especiales recogidas en su Régimen de Clases Pasivas.

Las organizaciones firmantes, hemos desarrollado nuestra reivindicación a todos los niveles, hemos mantenido reuniones con usted y con todos los Grupos Políticos, hemos realizado Campañas informativas y de concienciación ciudadana, hemos solicitado la elaboración de informes, tanto médicos como de impacto económico, realizados por profesionales independientes y profesores universitarios, hemos realizado movilizaciones por todo el panorama nacional, etc., en resumen, las organizaciones firmantes consideramos que nuestro trabajo está realizado y nuestra reivindicación plenamente justificada.

Por el contrario, pasado un tiempo prudencial, comprobamos que las Administraciones Públicas, e incluso la propia Federación Española de Municipios y Provincias, salvo darnos la razón, no han hecho absolutamente nada por mejorar la calidad del servicio que ofrecen a sus vecinos ni por poner fin a una injusticia que afecta a un colectivo, el de policías locales y Autonómicas, que representan casi el 40% del total de efectivos de la seguridad pública de España.

Un policía envejecido es un riesgo para su propia seguridad en el trabajo y para una eficaz protección de los ciudadanos y de sus bienes. Después de un largo y profundo trabajo en común, creemos que ha llegado la hora de avanzar en este adelanto de la edad de jubilación. De forma decidida y firme, con la razón de quien sólo busca la mejora de un servicio esencial, con la razón de quien sólo persigue avances en la seguridad en el trabajo de las Policías Locales y Autonómicas. Porque la Seguridad es un Derecho de la Ciudadanía.


En consecuencia con lo anteriormente expuesto, solicitamos.

1. La incorporación del colectivo de Policías Locales y Autonómicas a los colectivos sujetos a estudio por el Instituto Nacional de Seguridad e Higiene y la aplicación los Coeficientes reductores en la edad de jubilación a los miembros de los Cuerpos de Policías Autonómicas y Locales en las mismas condiciones que se contemplan en la Disposición Adicional Cuadragésimo Séptima de la Ley 40/2007, 4 de diciembre, de medidas en materia de Seguridad Social.

2. Reconocimiento de la profesión policial como profesión de riesgo y consecuentemente, redacción de un catalogo de enfermedades profesionales, . con el único objetivo de proteger la salud, mantener la calidad del servicio policial y poner fin a la injusticia de una edad de jubilación que no tiene en cuenta la siniestralidad en el sector, la penosidad, peligrosidad y toxicidad de las condiciones de trabajo, así como la incidencia en los procesos de incapacidad laboral que genera, y los requerimientos físicos exigidos para el desarrollo de la labor policial.


La fuerza de los argumentos, la Unidad de Acción de los sindicatos y la necesidad de dar respuestas a los colectivos implicados, hacen que hoy firmemos este documento en torno a una reivindicación justa, reservándonos el derecho democrático a movilizarnos, caso de no avanzar a corto plazo las peticiones realizadas.

La justicia de nuestras peticiones son nuestro equipaje para que al fin se ponga un punto y final a esta discriminación que, el Gobierno y la Secretaria de estado para la Seguridad Social ya no tiene argumentos objetivos para prolongar esta injusticia un solo minuto más.

Madrid, 28 de junio de 2011.

Anulado el decreto de "enchufismo"

La Sección Sindical del Sindicato Independiente de los trabajadores del Ayuntamiento de Sanlúcar de Bda., ha tenido conocimiento de la Sentencia del Juzgado de lo contencioso administrativo nº 1 de Cádiz, referente al Procedimiento Abreviado nº 31/11, contra la resolución dictada por el Teniente de alcalde Delegado de personal, D. Victor Mora Escobar, desestimando la anulación del decreto 1234, por el cual se nombra al subinspector D. Rafael Ávila García como Inspector de la Policía Local con carácter temporal y accidental. La citada Sentencia viene a estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto y declara finalmente la NULIDAD de la citada resolución dictada por el Concejal Delegado por no ser conforme a derecho, dándose la razón a la parte demandante.
El citado Decreto 1234 fue dictado por el Teniente de alcalde delegado de personal, D. Victor Mora Escobar , y mediante el cual desde día 01 de abril de 2010 se nombraba por el método del “ENCHUFISMO”, al Sr. Ávila Inspector de la Policía Local con carácter temporal y accidental.

Este nombramiento irregular se hacía además sin dar posibilidad alguna a otro funcionario del cuerpo, quien reuniendo los requisitos que marca la Legislación, NO podía ni siquiera optar a promocionar a este cargo de superior categoría, por razón de este enchufismo dispuesto por el Sr. Concejal Delegado, y por el contrario SI se beneficiaba directamente al Sr. Ávila, presuntamente aprovechándose de su relación político/sindical por razón de su cargo sindical como Presidente de la Junta de Personal, y por tanto Ávila a pesar de su condición de representante sindical, a su vez dejaba de cumplir con lo recogido en el ACUERDO REGULADOR DEL PERSONAL FUNCIONARIO, que él mismo había firmado y rubricado en su calidad de representante de los trabajadores.

Este descarado caso de "ENCHUFISMO” le supuso al Sr. Rafael Ávila el tener que DIMITIR de su cargo como Presidente de la Junta de Personal, pues no recibió apoyo alguno de los demás miembros componentes de la citada Junta de Personal, órgano de representación que en numerosas reuniones le pidió que NO aceptara este “nombramiento a dedo” del cargo de una superior categoría, cayendo dichas peticiones en saco roto y prevaleciendo más su ambición profesional que la ética personal y el propio cumplimiento de las leyes.

Así la parte demandante expone en su defensa que se han conculcado los artículos 16, 18, 78, 79 y 80 de la Ley 7/2007 del 12 de abril, del Estatuto básico del empleado público, pues no se ha realizado un procedimiento para la provisión de la plaza vacante. Que igualmente se ha producido una violación de la Disposición Transitoria Novena de la ley 13/2001, de 11 de diciembre, de coordinación de Policías locales de Andalucía, reguladora de los criterios de proporcionalidad entre las distintas categorías.

Finalmente ha tenido que ser la Justicia con fecha 27 de mayo de 2011, casi 14 meses después de ese nombramiento y mediante esta sentencia quien ponga a Ávila en su verdadero sitio, es decir volviendo a ocupar su puesto de Subinspector debiendo por tanto abandonar el irregular nombramiento de INSPECTOR, pues la sentencia estima concluyente que el Decreto dictado por el Teniente de alcalde Concejal Delegado de personal prescinde totalmente de los sistemas legalmente previstos para la provisión provisional de puestos de trabajo en la administración Publica, que ni aplica y ni siquiera menciona, sin convocatoria pública ni publicidad, contraviniendo en consecuencia los principios de igualdad, mérito y capacidad para el acceso a la función pública y la promoción profesional, constitucionalmente consagrados.

A la vista de todo ello, queda muy claro que al Sr. D. Víctor Mora cuando firmo el decreto de “ENCHUFISMO”, no le importó lo mas mínimo el saltarse todos y cada uno de los artículos y leyes que se citan, pues no podemos de ninguna de las maneras creernos que no se asesorase técnica y oportunamente al respecto de este nombramiento ya que además NO existía, ni existe esa plaza como tal vacante, intentando ,que no consiguiendo el que prevaleciese su intención de llevar a cabo este irregular nombramiento.

Esperamos del Sr. Mora el que una vez conocida esta SENTENCIA, actué con cordura y en consecuencia, disponga no solo el cese fulminante en el cargo de INSPECTOR del Sr. Rafael Ávila García, debiendo inmediatamente regresar a su plaza de Subinspector, sino a que igualmente proceda a ordenar a la Unidad de Personal el correspondiente descuento de las cantidades económicas percibidas por él, durante todo el tiempo ejercido en el irregular nombramiento de Inspector, cantidad económica que el pueblo de Sanlúcar no se puede permitir regalar a nadie, máxime en los tiempos de crisis que corren, las cuales convendría invertirlas en crear ó generar EMPLEO , paliando así la desastrosa situación económica de algunos de los numerosos parados sanluqueños.