miércoles, 26 de diciembre de 2012

martes, 11 de diciembre de 2012

UPLBA y UGT DENUNCIAN GRAVES IRREGULARIDADES EN LA POLICÍA LOCAL. .


EL PUERTO.- Comunicado conjunto de la Unión General de Trabajdores (UGT) y la Unión de Policías y Bomberos de Andalucía (Uplba) en relación a la denuncia, que en su momento, realizaron los sindicatos policiales y, la posterior contestación del concejal de Policía Local Carlos Coronado.
Así, UGT y Uplba  afirman que “claramente el concejal no dice la verdad”. Según los sindicatos policiales “los policias hablan de las fundas antirreglamentarias y el concejal habla de las pistolas”. Así, aclaran al concejal de Policía Local Carlos Coronado que “la relación que existe es que en las fundas anti hurtos es donde se portan las pistolas”. Por ello, comentan que  “fundas y pistolas no tienen nada que ver, por lo menos al día de hoy”.

Que el concejal de Policía Sr. Coronado, está a por los 45.000 euros de sueldo que le han puesto sus amiguetes de la política, el doble de lo que cobra como maestro,  y por lo tanto NO se entera,  ni se quiere enterar de nada de nada, sólo a seguir cobrando y que pasen los meses. Los que les asesoran,  han demostrado su incapacidad durante años, como nefastos “gestores” del Cuerpo dela Policía Local, cuyas únicas preocupaciones han sido y son mantener los privilegios de sus más allegados, (utilización de vehículos oficiales para asuntos particulares, horarios de trabajo a la carta, …) y que le sigan pagando  el Ayuntamiento (los portuenses) la localización telefónica, además de la dedicación, que entre ambos conceptos le suponen a las arcas municipales, por cada uno de ellos,  más de 1.500 euros mensuales, un buen sueldo, aunque estos conceptos son complementos, para cualquier trabajador o parado  que ya lo quisiera para su familia.
Quien asesora o aduce al concejal,  lo hace de forma  torticera, incorrecta e inexacta como no podía ser de otra forma y para que se siga estrellando, aunque no le hace falta mucho porque se vende como no político que vive de la política y bien que vive. La policía sigue con el mismo modelo policial de hace 20 años, y los intentos organizativos han terminado siendo parches, pues lo han cortado de raíz, buscando el poner al personal a dedo y que sean serviles, estómagos agradecidos que deban favores, amiguetes. En estos últimos 10 años se ha intentado que los derechos de los policías se conviertan en favores a los Jefes.
 La Corporación se gastó aproximadamente  unos 12.000 euros en traer a otro técnico, jefe de otra localidad, dejando en entredicho la capacidad del jefe,  para realizar un estudio y organizarla Jefatura, informe que esta actualmente en los cajones, como tantos otros.
Sr. concejal mal asesorado o ignorante de temas policiales: El decreto 93/2003, al que usted hace referencia, en su artículo 6, homologa y reglamenta que  el arma de fuego para la policía local es la clasificada como armas de primera categoría, dentro de esta, la pistola 9 milímetrosparabellum.  Se habla de armas no de fundas, y esto es porque había todo tipo de armas, como pistolas de otros calibre, revólver, etc.… y se unificó en un solo tipo de arma.
Que también establece dicho Decreto en su disposición transitoria primera, un tiempo de adaptación para que los ayuntamientos gozarán de un periodo de tiempo de tres años para adaptar sus equipos y dotaciones al dicho Decreto 93/2003 dela Consejeríade Gobernación dela Juntade Andalucía.
Es cierto, concejal Coronado, que las armas de fuego serán utilizadas hasta que se sustituyan, hecho este que ya se ha cumplimentado, han pasado casi 10 años, y se han dotado de pistola de 9 milímetros, no hay ningún revolver. Pero no se entera que lo antirreglamentario son las fundas para poder portar dicha armas..
Lo que estos sindicatos tienen claro es que además de incompetencia, se quiere justificar de una forma u otra el desastre organizativo basado en el amiguismo que campa por estas dependencias, y ahora, el Sr. concejal, como no podía ser de otra manera, se dedicará a la caza y captura de unos profesionales que han denunciado  graves  deficiencias técnicas y el peligro que supone no solo para los agentes sino para los ciudadanos la falta de seguridad que conlleva el portar el arma (pistolas) en esas condiciones, en unas fundas no reglamentarias, que no cumplen las características de seguridad exigidas por la normativa: fundas antihurtos con al menos dos puntos de seguridad.

jueves, 6 de diciembre de 2012

LAS FUNDAS DE ARMAS DE LA POLICÍA LOCAL SON ANTIRREGLAMENTARIAS.



EL PUERTO.- Los sindicatos policiales de la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía(Uplba) y la Unión General de Trabajadores (UGT) denuncian que “que se le está obligando a los miembros de la policía local, policías de calle, desde mediados de abril del año 2010, hace más de dos años, a realizar los servicios, con armas, utilizando medios técnicos y no reglamentarios que no garantizan ni la seguridad de los policías locales ni la de los ciudadanos a los que tienen que proteger.
En la denuncia reflejan que que “la mayoría de los policías locales, de esta plantilla, que realizan servicios con armas, desde hace más de dos años,carecen de la funda anti hurto, obligatoria y reglamentaria para poder portar el arma de fuego, que obligatoriamente se ha de utilizar para poder llevar la pistola reglamentaria”. Mencionar que dicha funda es la garantía para que no pueda ser sustraída el arma en una intervención policial o en el trabajo diario. Esta funda anti hurto impide que pueda ser robada o sustraída mientras se porta el arma reglamentaria por el agente, puesto que este tipo de fundas poseen un dispositivo con al menos dos niveles de seguridad.
Así los sindicatos policiales de El Puerto denuncian que “por lo tanto, se está incumpliendo de forma reiterada y sistemática la orden de la Consejería de Gobernación de la Junta de Andalucía de fecha 15 de abril del 2009, por la que se establecen las características y diseño de los medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local. Orden que dimana del  Decreto 93/2003, de 8 de abril, de homogeneización de medios técnicos de los Cuerpos de la Policía Local, donde se determina los signos externos de identificación y equipo básico de los vehículos policiales y el equipo básico del personal perteneciente a las Policías Locales, conforme dispone la Ley 13/2001, de 11 de diciembre, de Coordinación de las Policías Locales de Andalucía”.
Por lo tanto y en vista, del peligro e inseguridad que supone el portar las armas  de fuego reglamentarias sin la correspondiente y obligatoria funda anti hurto, a la que obliga la legislación de la Junta de Andalucía para los Policías Locales de nuestra comunidad autónom, tanto la Uplba como UGT solicitan:
Que se exijan las correspondientes responsabilidades por haber permitido y permitir que los policías locales patrullen con fundas antirreglamentarias  para portar las armas de fuego (pistolas) que no garantizan ni la seguridad de los agentes ni de los ciudadanos. Lo que supone un peligro  diario y continuo tanto para ciudadanos como para policías portadores de las mismas.
Que inmediatamente se retiren de la circulación dichas fundas no reglamentarias y se sustituyan de forma inmediata por las fundas reglamentarias anti hurto. Y que hasta tanto no se produzca dicha sustitución, que debe ser inmediata, a los policías locales se le nombren funciones que no conlleve el uso del arma reglamentaria, dentro de la Jefatura de la Policía Local.
Que en caso de que se quiera seguir obligando a los agentes como hasta el día de la fecha, a utilizar la funda antirreglamentaria (que no es anti hurto) para portar el arma de fuego (pistolas) y no retirarlas inmediatamente de la circulación, que asuma la responsabilidad y las consecuencias que se pudiera derivar del uso de las mismas el Jefe de la Policía Local, Intendente Mayor, mediante orden por escrito dirigida a cada agentes que no tienen la funda anti hurto.


lunes, 26 de noviembre de 2012

La Uplba quiere que Coronado y Moresco vean la Jefatura con la prensa.


EL PUERTO.- Tras las declaraciones del responsable de Policía Local, Carlos Coronado, en las que manifiesta que “La puesta en marcha de los Planes de Evaluación de Riesgos en todos los centros de trabajo municipales ha sido clave para  esta mejora”, la Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía en El Puerto de Santa María (Uplba), quiere dejar claro que “cuando se habla e incluso se hace mención a los planes de evaluación de riesgos en los centros de trabajo, para detectar y solucionar las deficiencias en salud laboral, se habla de un informe que ha sido evaluado por el comité incluyendo a las fuerzas sindicales.
Primero, a Uplba  ni siquiera nos han invitado para que podamos exponer cuestiones cruciales, como es la uniformidad, y todo aquello que afecta a la seguridad e higiene de los funcionarios policiales.
Desde la Uplba referimos que todo está muy bonito en el papel, y como siempre, lo único que parece importar es el ahorro  acosta de la seguridad. Esto no lo decimos nosotros, sino que se ve cuando se comenta el ahorro de dinero en uniformidad. Poe eso desde el sindicato policial nos preguntamos en qué se basan ¿en la calidad de las prendas?, ¿en los medios más baratos y de menor calidad?, o  que en realidad llevan desde el año 2010 sin que los agentes reciban uniformidad alguna.
Por ello, no entendemos como un comité de seguridad entre en el tema de dinero, cuando su misión es velar por  la calidad y las adecuadas  condiciones para realizar el trabajo policial. Para Uplba, el tema del dinero es cuestión del área económica.  Aun así, se incumple el decreto de la Junta. Un ejemplo, debemos de llevar fundas anti hurto para las armas, y todavía llevamos las antiguas de cuero.
Segundo, se habla del absentismo laboral como si fuese un triunfo por las medidas que han impuesto. La Uplba dice que nada de nada, todo es debido al decreto tan famoso del Gobierno de España, y que fomenta asistir hasta escayolado, si no se tiene una pérdida económica cuantiosa, o en algunos casos pudiendo ser expulsado y despedido.
Desde Uplba pensamos que ya que el comité esta interesado, y desea poner solución a estas deficiencias, podemos ponerles a su disposición muchas de las deficiencias que encontramos diariamente en el ejercicio de nuestro trabajo:
-Las pésimas condiciones en las que  se encuentra la Jefatura en cuanto al  mantenimiento en sus instalaciones por falta de presupuesto. Como ejemplo, la puerta de entrada y salida del parking, el motor para su apertura automática lleva averiado más de un año.
Los cuartos de baños, las puertas de las duchas, los azulejos caídos y, en otras a punto de caer poniendo en peligro a cualquiera que por allí esté.  El termo de  agua caliente no funciona desde hace tiempo. Dentro de los vestuarios, las taquillas son un laberinto por no haber espacio suficiente, no hay banquillos para poder cambiarse.
Tercero, desde la Uplba denunciamos que deberíamos realizar practicas de tiro,  una vez cada trimestre, otro incumplimiento más, se realiza cada dos años, y se realiza en el Tiro Pichón que cuesta según los presupuestos presentados 6.000€. Dejar claro que no es una instalación adecuada para el tiro policial. Lo suyo sería tener una galería de tiro como por ejemplo tiene Cádiz. La que existe en El Puerto está sin terminar y cuando llueve parece una piscina.
Cuarto, Uplba denuncia el escaso  mantenimiento de las motocicletas. De 24 aproximadamente, sólo funcionan 10 y dan pena. Mencionar que durante la cumbre Iberoamericana, El Puerto dejó cinco de ellas a Cádiz.
Por último, para la Uplba resulta gracioso que Carlos Coronado, concejal de Policía Local, no se entere  y solamente salga en las fotos le gusta salir en fotos, y mientras el Alcalde esté muy ocupado en sus congresos.
Desde la Uplba solicitamos que el concejal de Policía Local y el Alcalde llamen a todos los medios de comunicación y muestre la jefatura y hagan su rueda de prensa desde allí.

miércoles, 14 de noviembre de 2012

Uplba: “La incongruencia del equipo de Gobierno del PP-PA”


EL PUERTO.- La Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía denuncia la incongruencia y falta de coherencia  de los responsables políticos del equipo de Gobierno del PP, con respecto a la circular 93. Ésta está referida a las normas para la asistencia de los empleados públicos del Ayuntamiento a cursos, jornadas, congresos, seminarios o similares, además de plazos para la entrega de partes de baja, confirmación y altas.
Esta sección sindical quiere hacer llegar a toda la opinión pública, la incongruencia de nuestros dirigentes que abanderando dirigencia transparencia y coherencia aplican unas medidas de ajuste a los funcionarios a través de directrices, circulares o protocolos, pero la aplicación a ellos es otra cosa, es más utilizan la imposición o una forma dictatorial al amparo de su cargo o responsabilidad.
Como es sabido, se ha publicado en diversos diarios, que el Alcalde, se trasladó el pasado 29 de octubre día que coincidía con un pleno, a la Localidad de Córdoba, a una Reunión de su Partido. Pues bien, lo hizo en el vehículo oficial y con dos agentes de policía, Todo a cargo del dinero Publico, pagado por los portuenses, ¿quien paga el kilometraje y el combustible?, y este Alcalde que presume de Transparencia dice en voz populi que quiere quitarle a la oposición la dieta por levantarse del pleno.
Ahora bien, a los funcionarios de policía se le esta aplicando una circular del año 93, NORMAS PARA LA ASISTENCIA DE LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE ESTE EXMO AYUNTAMIENTO A CURSOS, JORNADAS, CONGRESOS, SEMINARIOS O SIMILARES. Esta circular se le aplica para el desplazamiento que tiene que realizar los agentes de policía cuando tienen que Asistir a juicios a Cádiz. Lo gracioso y que todavía no hemos recibido contestación, es qué similitud, semejanza o analogía tiene la asistencia a un juicio, con un curso o seminario. La asistencia a juicio es por el ejercicio de sus funciones, y si no asiste un funcionario incurre en una falta la cual tiene apercibimiento, están obligados por ley.
Más gracioso es que se nos divide el abono por el número de asistentes al juicio, y a veces sin pensar, de que unos agentes viven en este municipio y otros en municipios vecinos, y cuando se hace la división, llega a pagarse 2,79 euros por desplazarte a Cádiz. Esto no paga ni el tren, autobús, o cualquier otro medio de transporte, encima de hacer nuestro trabajo nos cuesta el dinero.
De esta imposición se deduce una clara voluntad,… No de ahorrar… sino de castigar aún más a los trabajadores, con medidas absurdas, los empleados que se trasladan en sus vehículos particulares (que le están haciendo un favor a la empresa) a una ciudad vecina para cumplir con su obligación de prestar testimonio en la celebración de juicios.
Ahora si desplazarse a un congreso del PP, no hay problemas, da igual, ahí no hay ahorro, sino una obligación por su cargo, ¿nos toma usted el pelo?, ¿este es su plan de ajuste? ¿Porqué no se aplica usted su misma medicina?, por cierto el pago por kilometraje por asistencia a juicio esta incluido en nuestro convenio. Pero no importa, como somos unos expertos y de forma unilateral hacemos la interpretación y aplicamos lo que nos de la real gana…

miércoles, 7 de noviembre de 2012

UPLBA DENUNCIA LA INCOMPETENCIA DEL PP-PA EN LA ÚLTIMA ALERTA NARANJA


EL PUERTO.- El sindicato UPLBA (Unión de Policías Locales y Bomberos de Andalucía) denuncia la “incompetencia” del equipo de Gobierno del PP-PA, y más concretamente del concejal Carlos Coronado ante los últimas lluvias que cayeron en la ciudad el pasado sábado, y que hicieron que se decretara la alarma naranja. Según el sindicato policial lo que hizo aguas fue precisamente el plan de emergencias que tiene diseñado el Gobierno local.
Comunicado del sindicato UPLBA 
Este sindicato (UPLBA) quiere denunciar públicamente la incompetencia de nuestros dirigentes políticos, y en este caso, más concretamente de nuestro concejal de Policía Local Carlos Coronado.
En la  pasada noche del sábado 3 de noviembre, estábamos en una situación de alerta naranja para que se nos entienda (precipitaciones fuertes y torrenciales ), tendríamos que poner en marcha un plan especial de previsión y actuación de riesgos de inundaciones y otros fenómenos meteorológico adversos, en los que se avisan a los tenientes alcaldes de otras áreas como (concejal de Medio Ambiente, Mantenimiento Urbano, y Bienestar Social como  el de protección civil y policía), además se avisa a otros servicios como Apemsa, Aqualia, Firmes y Carreteras, y demás cuerpos de seguridad.
Pues este plan hizo aguas por todos los sitios, y el plan que se implantó por  la Policía Local es la de su propia experiencia y profesionalidad, todo encomendado a unos jefes de servicio que literalmente hicieron encajes de bolillos para poder atender a todas las llamadas, como incidencias ocurridas por las inundaciones producidas en muchos puntos de la ciudad, calificado por algunos medios de comunicación como chaparrón, alcanzándose hasta 35 litros por metros cuadrado. Podemos dar las gracias, de que no fuera a mayor, como ya ocurrió como hace unos años que cayeron hasta 151 litros, y en aquella época, también fue un desastre de plan de emergencia, no hemos aprendido.
Este sábado se intentó localizar y llamar a Apemsa para saber si las bombas de achique de agua, situadas en puntos estratégicos, realizaba y estaba en funcionamiento, fue totalmente imposible, es más había una precariedad de medios para poder afrontar una situación meteorológica adversa. No se dispone de una maquina o retro para que en cualquier momento tenga que actuar. Nos preguntamos si esto es un plan de emergencias. Estos planes son papeles mojados, que no sirven, y a la hora de la verdad son inútiles, ya que supuestamente hay muchos teléfonos, pero a la hora de la verdad son imposibles de localizar, y además sin medios.
Los agentes de policía estuvieron cortando los lugares, que por su situación se hacían intransitables, para los vehículos, y eran un riesgo. Los policías también se llevaron asintiendo a conductores que sufrieron daños en sus vehículos, por motivo de que las tapas o arquetas se levantaban por la presión del agua, y que era imposible verlas. De igual modo, los agentes policiales también colocaban en su lugar esas cuando la presión lo permitía. Damos gracias que solo fuera un chaparrón.
Por cierto, a nuestro Sr Concejal le encanta poner en las redes sociales y manifestar que el sábado entrabamos en Alerta Naranja, haber cuando aprendemos de errores anteriores, se deje de tanta publicidad y promoción política, que parece que le encanta y salir en las fotitos.
Ya es hora de que se entere de lo que usted tiene entre las manos.

viernes, 2 de noviembre de 2012

“INDIGNACIÓN ANTE LA CAZA Y CAPTURA DE LOS FUNCIONARIOS”

 NOTICIA DEL PUERTO ACTUALIDAD.

El PUERTO.- La sección portuense de la Unión de Policias y Bomberos de Andalucía (UPLBA) ha mostrado el malestar e “indiganción” que tienen con el el equipo de Gobierno del PP-PA, en general, y en particular con el alcalde Enrique Moresco y Carlos Coronado, concejal de Policía. Así manifiestan que “lo grave e indignante es que nuestro concejal Carlos Coronado apoye esta medida a sabiendas que se está vulnerando un derecho. Esta persona es la que sale alardeando y sacando notas de prensa en la que vende la buena labor de los agentes, pero consiente de que en un Pleno se nos tache de privilegiados y, no de la cara por los que representa”. Además a Moresco le recomiendan  y “sugerimos al sr Alcalde que se deje de tanto estudiar y no amenace a este colectivo, por cierto trabaje usted y asista a los plenos”.
Queremos mostrar toda nuestra indignación ante la caza y captura de los funcionarios desprestigiándolos ante la opinión pública para desviar la atención ante la pésima gestión e incumplimiento del programa electoral del PP, como son las subidas de tasas, impuestos que estos personajes prometían no subir.
En primer lugar, la medida de la anulación del contrato con el seguro médico afecta a todos los funcionarios del Ayuntamiento, no solo a policías, pero como siempre la animadversión que existen por este equipo de Gobierno por los agentes de policía, hacen que éstos vean policías por todos los sitios. De los 189 funcionarios que afecta este punto, aproximadamente unos 60 son policías, muchos de ellos llevan más de 20 años de servicio.
Queremos dejar claro que a los funcionarios, en el año 1993, se les dio la opción de pasar a la Seguridad Social o seguir con la asistencia por empresas privadas. Recogido en el Real Decreto 480/1993 que suprimía la Mutualidad Nacional de Previsión de la Administración Local (MUNPAL), y que establecía a la administración pública la obligación de afiliar a los trabajadores protegidos por la MUNPAL en la Seguridad Social, pero incluía una excepción – que permitía la posibilidad de que los consistorios mantuvieran la asistencia privada previa consulta y acuerdo de su plantilla. Esto no se ha cumplido, se ha llevado al pleno sin la negociación con los representantes sindicales, un incumplimiento claro, ya que todos los puntos que deben de ir al Pleno tiene que seguir el procedimiento establecido.
Lo increíble es que en el plan de Ajuste aprobado en el Pleno, esta medida sería aplicada el 1 de julio del 2015, evidentemente siguiendo el procedimiento como está recogido en el decreto, con la negociación con los agentes sociales, no por la cara y de forma dictatorial y autoritaria.

Pero esto se ha llevado con Premeditación y alevosía, con el consentimiento de su gran aliado del PA (partido Andalucista), el tercer teniente alcalde Antonio Jesús Ruiz Aguilar, responsable de la empresa municipal Suvipuerto, de la cual es vicepresidente, ah, y el Presidente es un tal Enrique Moresco García (¿Nos preguntamos dónde estaba? ¿Qué cosa tan importante tenía para no asistir al Pleno?). Esta empresa según la página oficial de El Puerto, está compuesto por 14 empleados fijos y 2 eventuales, pues en su convenio dice textualmente; ‘La empresa suscribirá una póliza de asistencia sanitaria para todo el personal fijo de plantilla, por la que se vendrá a cubrir la asistencia médica de especialistas complementaria al Servicio Público de Salud. A cargo de la empresa será únicamente la cuota fija mensual que tenga establecido la compañía, por lo que cualquier otro servicio que soliciten los beneficiarios, será por su cuenta’.
La citada póliza está actualmente suscrita con la Compañía SANITAS, si bien atendiendo la calidad de los servicios que preste la misma, se podría cambiar de compañía, si éstos fuesen insatisfactorios o por cualquier otro motivo que se produzca durante la vigencia del contrato con la misma.
Que cara más dura tienen, como se atreven a poner en duda la profesionalidad de unos funcionarios tachándolo de privilegiados, sin pensar que muchos de estos funcionarios, no utiliza la Seguridad Social, y llevan toda su vida con unos médicos y que muchos de ellos arrastran problemas y dolencias graves, sin pensar en el perjuicio que se acarrea en pasarlo, de una forma tan precipitada ya que tendría que cambiar y empezar de nuevo con nuevos médicos e informes.
Nos hacemos una pregunta, ya que quiere ahorrar dinerito, ¿para qué sirve Suvipuerto? ¿Qué sentido tiene? ¿Nos preguntamos si el decreto famoso que se nos aplica incluye que no debe haber duplicidad de funciones, la Junta tiene estas funciones sí o no?
Pero lo grave e indignante es que nuestro concejal Carlos Coronado apoye esta medida a sabiendas que se está vulnerando un derecho. Esta persona es la que sale alardeando y sacando notas de prensa en la que vende la buena labor de los agentes, pero consiente de que en un Pleno se nos tache de privilegiados y, no de la cara por los que representa.
Ellos sí que son privilegiados y además hipócritas. Le sugerimos al sr Alcalde que se deje de tanto estudiar y no amenace a este colectivo, por cierto trabaje usted y asista a los plenos.

miércoles, 31 de octubre de 2012

‘DIME DE LO QUE PRESUMES Y TE DIRÉ DE LO QUE CARECES’



EL PUERTO.- El alcalde, Enrique Moresco, ha salido al paso de la polémica surgida en el pasadoPleno extraordinario, celebrado el pasado lunes, cuando la presidenta accidental forzó al desalojo de los ciudadanos de la sala.
Existe un refrán que dice ‘Dime de lo que presumes y te diré de lo que careces’ y quizá sea de aplicación puesto que Moresco se ha referido a la salida de los concejales de la sesión plenaria, que no compartían el desalojo y que se merme los derechos democráticos de los ciudadanos, anunciando que pedirá que devuelvan el dinero que cobran por asistir a las sesiones, ya que “no han cumplido con su responsabilidad”, y “el Pleno se merece un respeto y sus miembros también”.
El alcalde, ha calificado de mezquina la aptitud de los concejales de la oposición por criticar su ausencia del Pleno, así como su viaje a Zaragoza. Eso sí, él marchó a Córdoba a una reunión de su partido cuando aquí se debatía la subida y creación de nuevas tasas para los ciudadanos portuenses, porque “allí solo podía estar yo mientras que en el pleno pude delegar en los concejales, allí estaban los que tenían que estar”. Y aunque la reunión era de su partido, fuentes consultadas por este medio aseguran que se marchó hasta tierras cordobesas con el coche oficial, y dos funcionarios policiales que hacen las veces de conductor y escolta.

 

martes, 30 de octubre de 2012

Amenaza a un policía con cortarle el cuello para robarle la pistola.


Ha ocurrido en un bar de Fuengirola. Sin mediar antes palabra alguna, un hombre colocó un cuchillo en la garganta de un agente que estaba sentado en una mesa junto a su compañero. La agresión fue grabada por una de las cámaras de seguridad del establecimiento hostelero.

Dos policías locales han sufrido un intento de agresión en Fuengirola. Un hombre amenazó con cortarle el cuello a uno de ellos cuando se encontraban en un bar de de la localidad malagueña. El incidente fue grabado por una de las cámaras de seguridad del establecimiento hostelero.
Sin venir a cuento, sin mediar palabra alguna, un hombre colocó un cuchillo en la garganta de un agente que estaba sentado en una mesa, junto a su compañero. El agresor es un individuo de complexión fuerte y 1,70 de altura.
En un momento dado sorprende por la espalda a uno de los agentes y le coloca un cuchillo en el cuello. El agresor comenzó a amenazarle  exigiéndole  el arma reglamentaria.
Al policía no le quedo otro remedio que dársela no sin antes desprenderse del cargador. Cuando trató de recuperar ese cargador el sujeto pudo ser reducido. Al final el agresor fue detenido y llevado a un juez. Según parece, el agresor terminó siendo puesto en libertad.


    miércoles, 24 de octubre de 2012

    LOS FUNCIONARIOS COTIZARÁN POR LA PAGA EXTRA DE DICIEMBRE QUE NO COBRARÁN.


    La medida afectará a los empleados públicos que cotizan por clases pasivas, el grueso de los funcionarios del Estado
    EL PAÍS-

    Los funcionarios cotizarán por la paga extraordinaria de Navidad que el Gobierno ha decidido suspender, según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda.

    Los empleados públicos que cotizan por clases pasivas verán minoradas sus nóminas un 3,6% por la cotización a la Seguridad Social de la paga extra de Navidad como si la hubieran cobrado. Hacienda recuerda que esta paga extra está suspendida solo para este año y reitera su compromiso en compensarla en el ejercicio 2015.
    Fuentes de Hacienda precisan que en el decreto que contenía el paquete de medidas para atajar el déficit público que recogía la supresión de la nómina extraordinaria de diciembre de 2012 no incluía ninguna modificación respecto a lo que dispone la Ley de Clases Pasivas del Estado en su artículo 23, que obliga a estos trabajadores a cotizar por las catorce pagas.
    Los afectados por esta medida, que supone la pérdida de la paga extra y una reducción en la nómina por la cotización de esta, son aquellos empleado públicos que cotizan en el régimen de clases pasivas, esto es, la práctica totalidad de los empleados de la Administración General del Estado, del Ejército, de la Justicia o de la Agencia Tributaria, que suponen alrededor de 900.000 personas, según cálculos de sindicatos de funcionarios CSI-F. CSI-F
    Desde el sindicato que dirige Miguel Borra, se asegura que por el efecto de esta doble imposición los funcionarios que cotizan por clases pasivas "cobrarán en diciembre incluso menos que en noviembre". Por esta razón, desde CSI-F ya se ha trasladado la queja al Ministerio de Hacienda para que reconsidere esta doble imposición, pero que el Gobierno no lo contempla. Además, el sindicato avisa de que la cotización del mes de diciembre de 2012 no va a tener reflejo en la futura pensión de jubilación de estos funcionarios.
    Por otro lado, CSI-F también ha alegado ante Hacienda que en relación con la supresión de la paga extraordinaria del mes de diciembre, debe tenerse en cuenta que hasta el 15 de julio de 2012, fecha de entrada en vigor del Real Decreto antidéficit, todos los empleados públicos han devengado el derecho a percibir la paga extra en las condiciones previstas en los Presupuestos de 2012. "En consecuencia, debe abonarse la parte correspondiente a la paga extraordinaria hasta esa fecha 15 de julio", solicitan, más aún cuando, según aseguran, "este criterio se ha seguido con aquellos empleados públicos que finalizaron la relación de servicios o su contrato antes del 15 de julio, a los que se les ha abonado la parte proporcional de la paga corresondiente".
    En la misma dirección, la Defensora de Pueblo, Soledad Becerril, ha recomendado que la supresión de esta paga comience a aplicarse en el momento en que se publicó el Real Decreto Ley al considerar que una parte de la paga suprimida correspondería a un trabajo ya realizado. Por ahora, el Gobierno se ha comprometido a compensar más adelante la paga extra detraída en 2012, pero aún no fijado una fecha. Por otro lado, los empleados del sector público recuperarán las pagas extras, pero mantendrán congelado el salario en 2013, según les trasladó hace aproximadamente un mes este el Gobierno a los sindicatos de la función pública durante la reunión de la Mesa General de la Negociación en las Administraciones Públicas.

    miércoles, 10 de octubre de 2012

    Condenan a costas a la Subdelegación por restringir la manifestación de Bomberos y Policía en Cádiz.


    05.10.12 - 17:57 -

    El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ha condenado a la Subdelegación del Gobierno de Cádiz a pagar las costas, con el límite de 600 euros, del recurso interpuesto por el Sindicato de Policía Local de Cádiz, Unión de la Policía Local y Bomberos, por restringir la manifestación convocada por estos colectivos el pasado domingo ante el congreso provincial del PP que se celebró en el Hotel Atlántico.
    La sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press, y contra la que no cabe recurso, destaca en sus fundamentos de derecho la "escasa incidencia" sobre el orden público que esta manifestación comportaba ya que los convocantes son funcionarios de un colectivo "no muy numeroso", habida cuenta de que el Ayuntamiento al que pertenecen es el de una ciudad "de tamaño medio". Además, señala que "no cabe presumir que estos colectivos pudieran enfrentarse entre sí por razones políticas, sindicales o de otro tipo".
    Así, entiende la sala que "no existe motivación suficiente", "ni parece razonable" la modificación del trazado resuelta por la Subdelegación, que estableció como lugar "alternativo y definitivo" la avenida Gómez Ulla, "sin rebasar la puerta de acceso al colegio Beato Diego de Cádiz" --justo frente a las puertas del Parador Atlántico--.
    Argumentos
    Desde el Sindicato de Policía Local (SPL), en un comunicado, consideran los argumentos del Tribunal "demoledores" al "tumbar la peregrina excusa de la Subdelegación para restringirnos el derecho a manifestarnos en el Congreso del PP, dejando entrever que podían producirse disturbios entre las dos manifestaciones convocadas".
    "A pesar de este varapalo judicial", aseguran desde el sindicato que la Subdelegación "sigue limitando y restringiendo" las convocatorias que vienen realizando en los últimos días, para ir "acabando y asfixiando" las protestas de los empleados públicos, "a los que intimidan con los despliegues policiales, como los sufridos el domingo en el hotel Atlántico o con las multas que impuso el Ayuntamiento contra dos delegados sindicales por hacer uso de un silbato y de un megáfono en un acto de protesta".
    Por ello, han pedido la dimisión del subdelegado del Gobierno, Javier de Torre (PP), por "parcialidad en sus actuaciones".
    Finalmente, explican que la misma situación se ha producido en Sevilla, donde también la Subdelegación ha sido condenada en costas "por una situación igual".

    jueves, 4 de octubre de 2012

    EL GOBIERNO LOCAL FIJA LAS NUEVAS CONDICIONES DEL PERSONAL MUNICIPAL.


    El Gobierno local dará cuenta en el Pleno municipal que se celebrará esta mañana del decreto por el que se modifican las condiciones laborales del personal municipal en base a las directrices establecidas por la administración central el pasado mes de julio y que ha modificado el Estatuto Básico del Empleado Público. Entre las medidas incluidas se encuentra la ampliación de la jornada laboral (que en invierno pasará a 37,5 horas semanales) y la reducción de algunas ayudas, además de la supresión de la paga de Navidad de este año. En el documento, suscrito por la concejala de Personal, Leocadia Benavente, se apunta que no se ha alcanzado un acuerdo con los representantes sindicales por lo que se procede a modificar mediante decreto tanto el convenio colectivo del personal laboral como los acuerdos de las condiciones de trabajo de los funcionarios.
    Para empezar, se cambian los horarios. En horario de invierno, deberán trabajar 37,5 horas con entrada a las 7.30, 7.45 o 8 horas (en función del departamento) y salida a 15, 15.15 o 15.30 horas, respectivamente. Antes había uno unificado de ocho a 15 horas. Mientras, el periodo de horario de verano estará vigente entre el 16 de junio y el 15 de septiembre (hasta ahora estaba entre el 15 de abril y el 31 de octubre). 
    También, y en base al decreto estatal, se modifican las vacaciones ya que se fija que podrán disfrutar de 22 días laborales. Hasta ahora, el Estatuto del Empleado Público fijaba la posibilidad de disfrutar 31 días naturales o 23 días laborales, a los que se les podía adicionar jornadas en función de la antigüedad del trabajador.
    También se reducen los días de permisos retribuidos por casamiento o inscripción como pareja de hecho al pasar de 17  a 15. También se eliminan las jornadas por traslado de domicilio (estaba fijado en tres días) y se reducen notablemente las licencias por asuntos propios (de ocho se pasa a tres). 
    El decreto firmado por la concejala de Personal incluye que antes de final de año habrá cambios en el complemento de productividad del personal laboral, una remuneración extra por "el especial rendimiento, la actividad y dedicación extraordinaria y el interés e iniciativa con que se desempeñe el trabajo, siempre que redunden en mejorar el resultado del mismo", según se describe en el convenio de los laborales. Así, se apunta que antes de final de año se elaborará un decreto de Alcaldía donde se establecerá la cuantía a abonar por este concepto para "equipararlo con el personal funcionario".
    Asimismo, se reducen a la mitad las becas para los hijos de los empleados municipales, unas ayudas que oscilarán entre los 45 a 90 euros en función del nivel de estudios. Y, además, la periodicidad de las subvenciones médico-sanitarias (ortodoncia, prótesis dentales u ortopédicas, gafas de graduación y lentillas) pasará a tener una periodicidad de uno a dos años. 
    El decreto de la concejala de Personal tiene fecha del pasado viernes. 

    domingo, 30 de septiembre de 2012

    MANIFESTACIÓN EN CÁDIZ FRENTE AL PARADOR ATLÁNTICO DONDE SE CELEBRO UN CONGRESO PROVINCIAL DEL PP.




    Este vídeo es bajado de noticias Cádiz la Voz Digital, pronto colgare los vídeos de Sevilla , quiero recordar a todos los afiliados que se avecina un otoño caliente, y de que la plataforma esta realizando concentraciones y manifestaciones, nos vemos obligados todos  a participar.  Para algunos de nosotros (muy pocos), continúan las movilizaciones emprendidas contra los recortes, el robo de la paga extra de navidad y la pérdida de derechos consolidados.
    Para otros, resulta más cómodo no participar, poniendo la excusa de que "Eso no vale para
    nada"
    ¿Y TÚ QUE VAS A HACER?

    SUMARTE A ELLAS
    O
    QUEDARTE EN CASA SENTADO.

    lunes, 24 de septiembre de 2012

    Cuerpos de Seguridad, militares, prisiones, justicia y bomberos se manifestarán el día 29 en Sevilla contra los recortes



    SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -
       Los sindicatos de los cuerpos de seguridad, militares, cuerpos de instituciones penitenciarias, justicia y bomberos de Andalucía han convocado una "gran" manifestación para el próximo día 29 de septiembre en la capital hispalense para protestar contra los recortes a los funcionarios.
       En declaraciones a los periodistas tras entregar la solicitud para la manifestación en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con sede en Sevilla, el portavoz de la denominada Plataforma de Seguridad Pública, Santiago Raposo, ha explicado que la manifestación partirá a las 12,00 horas del día 29 de septiembre desde el Palacio de San Telmo.
       "Los compañeros de Justicia están sufriendo los recortes de la Junta de Andalucía, por esto partimos desde allí", ha subrayado Raposo, que no obstante ha querido dejar claro que "son todos los políticos los que nos han robado a los funcionarios, sin distinción de partido, porque unos por acción y otros por omisión son partícipes de la situación en la que nos encontramos hoy en día".
       Al hilo de ello, ha precisado que la manifestación discurrirá posteriormente por la calle San Fernando y Glorieta del Cid hasta llegar frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.
       El objetivo, según Santiago Raposo, "es traer a bastantes compañeros de todas las capitales de Andalucía", criticando que "a los compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) los han vuelto a silenciar", motivo por el que, en el cartel con la convocatoria de la manifestación, "tenemos que sacar una fotografías de ellos con pasamontañas".
       Así, ha querido denunciar "el acoso al que están siendo sometidos los compañeros de la Guardia Civil, con continuos expedientes simplemente por protestar en contra de los recortes".

    domingo, 9 de septiembre de 2012

    FRANCISCO J. BASTIDA. CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL .


    Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son
    presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar
    responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente
    proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas
    que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el
    punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más
    de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se
    aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver
    ratificada su decisión.                                              
            

    Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su
    status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y
    de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la
    garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento;

     una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece
    constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la
    capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la
    idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los
    casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos
    funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se
    apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero
    esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de
    derecho.

    Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos
    cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades
    y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se
    encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que
    ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser
    representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y
    a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia
    él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han
    surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y
    de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación
    entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para
    acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del
    complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la
    intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios,
    influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la
    composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo
    una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el
    fallo en los controles para atajarla.


    Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales,
    son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten
    contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la
    crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que
    se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los
    que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más
    sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su
    dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni


                                                                    
    ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los
    llamados «moscosos» o días de libre disposición que nacieron en parte como un
    complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la
    Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de
    esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y
    desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar
    que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia
    para dividir a los paganos.

    En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus
    generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás
    tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y
    capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha
    corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o,
    simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.


     Francisco J. Bastida.
    Catedrático de Derecho Constitucional.

    Universidad de Oviedo.