MANIFESTACIÓN EN CÁDIZ FRENTE AL PARADOR ATLÁNTICO DONDE SE CELEBRO UN CONGRESO PROVINCIAL DEL PP.

Este vídeo es bajado de noticias Cádiz la Voz Digital, pronto colgare los vídeos de Sevilla , quiero recordar a todos los afiliados que se avecina un otoño caliente, y de que la plataforma esta realizando concentraciones y manifestaciones, nos vemos obligados todos  a participar.  Para algunos de nosotros (muy pocos), continúan las movilizaciones emprendidas contra los recortes, el robo de la paga extra de navidad y la pérdida de derechos consolidados.

Para otros, resulta más cómodo no participar, poniendo la excusa de que "Eso no vale para

nada"

¿Y TÚ QUE VAS A HACER?

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QUEDARTE EN CASA SENTADO.

Cuerpos de Seguridad, militares, prisiones, justicia y bomberos se manifestarán el día 29 en Sevilla contra los recortes

SEVILLA, 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

   Los sindicatos de los cuerpos de seguridad, militares, cuerpos de instituciones penitenciarias, justicia y bomberos de Andalucía han convocado una "gran" manifestación para el próximo día 29 de septiembre en la capital hispalense para protestar contra los recortes a los funcionarios.

   En declaraciones a los periodistas tras entregar la solicitud para la manifestación en la Delegación del Gobierno en Andalucía, con sede en Sevilla, el portavoz de la denominada Plataforma de Seguridad Pública, Santiago Raposo, ha explicado que la manifestación partirá a las 12,00 horas del día 29 de septiembre desde el Palacio de San Telmo.

   "Los compañeros de Justicia están sufriendo los recortes de la Junta de Andalucía, por esto partimos desde allí", ha subrayado Raposo, que no obstante ha querido dejar claro que "son todos los políticos los que nos han robado a los funcionarios, sin distinción de partido, porque unos por acción y otros por omisión son partícipes de la situación en la que nos encontramos hoy en día".

   Al hilo de ello, ha precisado que la manifestación discurrirá posteriormente por la calle San Fernando y Glorieta del Cid hasta llegar frente a la sede de la Delegación del Gobierno en Andalucía.

   El objetivo, según Santiago Raposo, "es traer a bastantes compañeros de todas las capitales de Andalucía", criticando que "a los compañeros de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) los han vuelto a silenciar", motivo por el que, en el cartel con la convocatoria de la manifestación, "tenemos que sacar una fotografías de ellos con pasamontañas".

   Así, ha querido denunciar "el acoso al que están siendo sometidos los compañeros de la Guardia Civil, con continuos expedientes simplemente por protestar en contra de los recortes".

VÍDEO SOBRE LA PLATAFORMA CREADA Y SOBRE LOS DIPUTADOS DE SUECIA..

FRANCISCO J. BASTIDA. CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL .

Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son

presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar

responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente

proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas

que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el

punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más

de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se

aplauden de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver

ratificada su decisión.

Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su

status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y

de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la

garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento;

una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece

constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la

capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza «en propiedad» responde a la

idea de que al funcionario no se le puede «expropiar» o privar de su empleo público, sino en los

casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos

funcionarios consideran esa «propiedad» en términos patrimoniales y no funcionales y se

apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero

esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de

derecho.

Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos

cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades

y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se

encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que

ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser

representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y

a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia

él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han

surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y

de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación

entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para

acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del

complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la

intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios,

influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la

composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo

una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el

fallo en los controles para atajarla.

Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales,

son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten

contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la

crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que

se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los

que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más

sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su

dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni

                                                                

ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los

llamados «moscosos» o días de libre disposición que nacieron en parte como un

complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la

Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de

esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y

desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar

que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia

para dividir a los paganos.

En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus

generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás

tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y

capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha

corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o,

simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.

Francisco J. Bastida.

Catedrático de Derecho Constitucional.

Universidad de Oviedo.